Al compartir que solo 23.3 por ciento del personal de los centros penitenciarios cuenta con licenciatura, 2.3 por ciento en psicología, 1.5 por ciento en pedagogía y 2.8 por ciento en trabajo social, la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena) señaló deficiencias en la atención psicológica para los menores que viven con sus madres privadas de la libertad, quienes sufren una dolorosa separación cuando ya no permanecer juntos.
La legisladora enfatizó en la relevancia de que el Estado garantice que menores cuenten con todo lo adecuado en materia de salud, educación y alimentación, siempre cuidando el interés superior de la niñez, pues refirió que, de los 392 menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país en 2020, 16.07 por ciento (63 casos) fueron del Estado de México.
En reunión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, presidida por la diputada Juana Bonilla Jaime (MC), la legisladora Karina Labastida explicó que su iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estatal busca que se reconozca la situación especial en que se encuentran quienes viven con sus madres o padres en prisión, garantizar sus derechos y priorizar políticas incluyentes.
Detalló que la iniciativa, elaborada en conjunto con Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad estatal, es en virtud de que los menores no tienen atención psicológica para el momento de separación entre menores y madres, cuando las y los menores tendrán que salir por no poder acompañar más a sus madres en prisión, por lo que se necesita personal especializado en la materia.
Al respecto, la legisladora Alicia Mercado Moreno (Morena) señaló un incremento de mujeres presas, quienes sufren abuso sexual, golpes, amenazas, humillaciones lo que lleva a la invisibilidad de la niñez que las acompaña al nacer al momento de su reclusión, por lo que consideró necesario darles atención psicológica, diferenciar responsabilidades de autoridades municipales y estatales, además de incluir un capítulo en el que se describa el alcance de los derechos a reconocer con una redacción acorde a la situación local.
Las diputadas Gretel González Aguirre y Karla Aguilar Talavera, del PRI, señalaron que solo 37 de las 367 prisiones del país cuentan con áreas de maternidad y educación temprana; los retos de los centros de la reclusión en la actualidad y los derechos de las madres privadas de su libertad a permanecer con sus hijos e hijas durante sus primeros tres años de vida. También concordaron en fortalecer la normatividad privilegiando los derechos de los menores.
La diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) recordó que en el presupuesto de egresos para este año se destinaron cinco millones de pesos para el cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en centros de reinserción social para canasta básica y vestido y 400 mil pesos para el acondicionamiento de espacios acorde a las necesidades de mujeres embarazadas.
La legisladora Juana Bonilla reconoció que en algunos centros penitenciarios sí hay ludotecas pero que faltan estos espacios en otros centros, y comunicó que la Junta de Coordinación Política atenderá la solicitud de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) para que se integre al análisis una iniciativa de su bancada con un contenido similar, así como que se le solicitará una reunión con autoridades estatales para enriquecer la iniciativa.