El grupo parlamentario Verde Ecologista en el Congreso mexiquense, integrado por las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo propusieron reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México a fin de establecer los criterios de impedimento y excusas de las personas servidoras públicas para evitar conflictos de intereses en sus actuaciones.
Remitida a dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la iniciativa plantea que será impedimento para todo personal que labore o colabore con este, conocer, participar directa e indirectamente en los casos de revisión de cuentas públicas y auditorías de los entes fiscalizables cuando tenga interés directo o indirecto en los casos citados.
Asimismo, cuando tenga interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales hasta dentro del cuarto y los afines dentro del segundo; cuando tenga el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, alguna relación con el ente fiscalizable; y cuando la persona haya sido abogada, representante, apoderada o perito en el caso de que se trate.
Conforme a la iniciativa expuesta por la diputada Claudia Morales, las y los funcionarios del OSFEM deben excusarse de conocer de los asuntos cuando haya algún impedimento legal, aun cuando los interesados no los recusen, expresando la causa de excusa.
La excusa debe hacerse inmediatamente que se avoquen al conocimiento del asunto en el que se dé el impedimento, o dentro de los tres días siguientes de que ocurra el hecho que origine dicho impedimento o de que tengan conocimiento de él; una vez realizada la excusa, el Auditor Superior o en su caso el superior jerárquico remitirá los autos a quien deba conocer de éstos, en términos del Reglamento Interior del Órgano.
La legisladora Morales Robledo indicó que el OSFEM es responsable con la Legislatura estatal de darle respuesta a la sociedad respecto a la vigilancia correcta profesional y eficaz en la utilización de recursos públicos y del honesto y eficiente manejo de las finanzas públicas de los entes fiscalizables, así como del profesionalismo y desempeño de quienes laboran en él bajo los más estrictos lineamientos del servicio público.