Al continuar la glosa del 5º Informe de gobierno, diputadas y diputados locales de Morena cuestionaron la reducción presupuestal para el campo mexiquense en 38 por ciento en los últimos cinco años, así como presiones del crimen organizado a personas productoras en el sur mexiquense, mientras que las bancadas del PRI y el PAN apuntaron que la disminución se debe a recortes originados en el gobierno federal; en tanto que PRD, PT, PVEM y MC alertaron sobre el abandono y la reducción de las hectáreas de cultivo.
Después de la exposición inicial de la titular de la Secretaría del Campo, Leticia Mejía García, el diputado morenista Emiliano Aguirre Cruz atribuyó la disminución del presupuesto para el campo al Ejecutivo estatal y sostuvo que, al elevado costo de insumos para la producción debe sumarse la presencia del crimen organizado que presiona y extorsiona a personas productores. Apuntó que en la región floricultora de la entidad el uso de agroquímicos genera problemas de salud y persiste la tala clandestina.
También de Morena, el diputado Max Agustín Correa Hernández consideró que la producción agropecuaria es un mérito de las personas campesinas a quienes se les desatiende, pues al campo solo se destina 0.8 por ciento del gasto anual programable, y de 2017 a 2022 el gasto para el campo disminuyó de mil 777 mdp a mil 102 mdp; y lo que muestra que para el gobierno estatal el campo no es prioridad. Apuntó que los programas y apoyos se condicionan y que el programa ‘Más Maíz’ fracasó debido a la baja producción y preguntó por qué los programas tienen un condicionamiento político electoral.
La diputada del PRI Myriam Cárdenas Rojas expuso que hay menos recursos para el campo debido a los recortes presupuestales de la federación, a lo que se suman factores naturales y los provocados por la acción humana. Cuestionó por los beneficiarios del Seguro Agrícola Catastrófico y el de Vida Campesino, mientras que la diputada Ana Karen Guadarrama Santamaría expuso que por los recortes de la federación dejaron de operarse seis programas agropecuarios en la entidad. No obstante, reconoció que la entidad es la primera en producción florícola a nivel nacional, por lo que consideró un acierto la creación del Centro de Innovación Florícola.
Con la representación del PAN, la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN) planteó que en 2023 debe aumentarse el presupuesto al campo, ya que la entidad cuenta con el 8 por ciento de las parcelas cultivables del país. Cuestionó por las acciones para mejorar la productividad y las razas ganaderas. Al ofrecer el respaldo de su bancada a las políticas del sector destacó que la actividad acuícola, que cuenta con cerca de 5 mil personas productoras, presenta un crecimiento sostenido en los últimos cinco años y preguntó cómo se les apoya.
Del PRD, la legisladora María Elida Castelán Mondragón se pronunció por una atención urgente del campo, afectado por la guerra en Europa y la pandemia. Agregó que, tras ocho foros legislativos en el tema, las personas campesinas y productoras señalaron falta de apoyos, ausencia de precios de garantía, de subsidios a los insumos y de una ley que responda a sus demandas. Preguntó por las estrategias para atender a productores, la captación de agua, y de apoyo a quienes cultivan productos de alto valor como el aguacate y el café, lo mismo que a ganaderos y productores de leche que enfrentan, indicó, una situación crítica.
De la bancada del PT, la diputada Silvia Barberena Maldonado expresó que el campo, que apenas aporta 3 pesos de cada cien del PIB de la entidad, debe ser prioritario para el Congreso. Llamó a repensar las políticas que impulsan la productividad y competitividad, pidió información sobre el impulso a las cooperativas y la relación de productores con las centrales de abasto, y acotó que la tarjeta del campo genera controversias por su desigual distribución, al igual que el seguro agrícola catastrófico, además de que solicitó información sobre las ollas captadoras de agua.
Del Verde Ecologista, su coordinadora, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón destacó el abandono del campo y se pronunció por cambios de fondo en la política agropecuaria y la recuperación de la soberanía alimentaria. Preguntó cómo se evita la discrecionalidad en la entrega de programas y apoyos para la adquisición de fertilizantes, mientras que la diputada Claudia Desiree Morales Robledo interrogó por las acciones para mitigar la contaminación del suelo por agroquímicos y los apoyos en materia de infraestructura y maquinaria agrícola.
La diputada Juana Bonilla Jaime apuntó que en la entidad se siente el abandono al campo, y que en el año que se informa, del presupuesto asignado por más de 2 mil 11 mdp sólo se han utilizado 800, por lo que consultó las razones y si se liberarán todos los recursos, pues de acuerdo con la bancada de MC sólo se tienen sembradas unas 300 mil hectáreas; en tanto que el diputado Martín Zepeda Hernández expuso que no todos los productores de maguey y agave reciben apoyos y sí se les apoya ante las presiones que enfrentan. También preguntó por las tareas del Consejo Estatal del Maguey.
El legislador Rigoberto Vargas Cervantes, quien apuntó que entre 2011 2021 se redujo el número de hectáreas sembradas, que llegaban a más de 800 mil, preguntó por las causas y las acciones para su recuperación y si se apoya y cómo en la adquisición de fertilizantes, ya que se utiliza en 92 por ciento de las parcelas.
En sus respuestas, Leticia Mejía infirmó que el crecimiento de la mancha urbana y abandono de parcelas han reducido las tierras de cultivo; que se han atendido 60 mil hectáreas con semillas mejoradas, fertilizantes y mejoramiento del suelo con la tarjeta verde en favor de 102 mil personas productoras. Que se pasó a nivel nacional del cuarto al tercer lugar en producción de maíz y que se promueve la producción y uso de fertilizantes orgánicos y la captación de agua.