A fin de evitar abusos de autoridad por parte de inspectores municipales en contra de comerciantes informales, la diputada Trinidad Franco Arpero propuso que ninguna infracción administrativa y sanción en los bandos municipales consista en la retención, destrucción, aseguramiento o decomiso de mercancía de procedencia legal.
De acuerdo con la iniciativa de reforma a la ley Orgánica Municipal y al Código Administrativo estatal, las medidas sanitarias ante el covid-19 provocaron la pérdida de más de12.5 millones de trabajos, en tanto que un millón 10 mil 857 establecimientos cerraron sus puertas definitivamente, por lo que ahora siete de cada 10 empleos que se perdieron se encuentran en el sector informal, resultando más afectadas las mujeres.
En este sentido, para evitar abusos de supuestos verificadores en contra de quienes han optado por el autoempleo, también propone que el Registro Estatal de Inspectores incluya al orden municipal, para registrar los datos relativos a las órdenes de visitas, inspecciones o verificaciones que llevan a cabo, a fin de verificar el sustento legal de la diligencia. Esta propuesta será analizada por la Comisión de Legislación y Administración Municipal.
Proponen ley para regular centros de rehabilitación contra las adicciones
La diputada Claudia Desiree Morales Robledo propuso expedir la Ley para la Regulación de Centros de Rehabilitación contra las Adicciones de la entidad y establecer que se apliquen sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la dignidad del sujeto.
Con esta ley se definirían las funciones de los Centros de Rehabilitación de las personas adictas o farmacodependientes, sus derechos y obligaciones, así como las sanciones por cometer abusos, imponer cuotas y ocultar información, además de plantear la creación de un consejo de regulación integrado por varias dependencias.
De acuerdo con la iniciativa, en la entidad existen 12 Centros de Rehabilitación privados, ubicados en su mayoría en la zona del Valle de México, además de 35 Centros de Atención Primaria y un centro Especializado en Prevención y Rehabilitación a las Adicciones (CEPRA) de carácter público, y la importancia de regularlos radica en evitar las malas prácticas y vejaciones a las que son sometidas las personas adictas. La propuesta será analizada por la Comisión de Salud Asistencia y Bienestar Social.