Comunicado 35

27 de Septiembre 2024

Avala Congreso adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena

  • • Grupos parlamentarios de morena, PVEM y PT rechazaron que se militarice el país.
  • • Fracasó estrategia contra el crimen: bancadas del PRI, PAN, MC y PRD.
Por mayoría de votos, con 55 a favor y 20 en contra, el Congreso mexiquense aprobó la minuta proyecto de decreto del Senado de la República por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política federal para que la Guardia Nacional quede bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera permanente, iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Tras la lectura del documento, a cargo del legislador Carlos Alberto López Imm (PVEM), diputados de los grupos parlamentarios de morena, PVEM y PT, que votaron a favor, rechazaron que implique la militarización del país; mientras que, del PRI, PAN, MC y PRD, que se manifestaron en contra, acusaron que la estrategia contra la inseguridad de este sexenio federal fracasó y pidieron fortalecer a las policías locales y civiles.
El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) invitó a conocer la reforma, ya que no implica la militarización y plantea la profesionalización de los 120 mil elementos, el carácter civil de quien estará al frente; el requisito que, para ser presidente de la República, no podrá ser un mando en funciones de la Guardia, y que todo integrante atenderá solamente lo establecido en la Constitución y leyes que lo regulan.
Al enfatizar que en el Congreso mexiquense no se vota por consigna, sino por amor al pueblo, el parlamentario Israel Espíndola López (PVEM) pidió escuchar a la población, pues en el país la Guardia Nacional tiene un nivel de confianza de 77%, y en el estado, de 82%, lo cual la legitima; y aseveró que garantizar la seguridad requiere de un compromiso a largo plazo, por lo que elogió la permanencia de la estrategia que implementó AMLO.
El congresista Ernesto Santillán Ramírez (PT) se expresó a favor de devolver la paz y la seguridad a las familias; enfatizó que la reforma fortalece la seguridad pública; y recalcó que las fuerzas armadas han dejado de ser un aparato de retención en contra del pueblo y que se han transformado para pacificar el país, por lo que no habrá daños colaterales.
El legislador Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) señaló que es un paso fallido porque el ejército no es para esta función, ni otras que se le han delegado; reconoció avances del gobierno federal, pero dijo que en seguridad queda a deber; afirmó que este sexenio es el más sangriento con 190 mil homicidios dolosos y territorios ocupados por criminales; pidió fortalecer las policías municipales para combatir la inseguridad, y expuso que, por su presupuesto, la Guardia gasta hasta 15 millones de pesos por una detención.
Al asegurar que la inseguridad no reconoce colores partidistas, el diputado Roberto Anuar Azar Figueroa (PAN) recriminó que el presidente AMLO fracasó en su estrategia de seguridad, con la cual, reconoció, también falló el expresidente Felipe Calderón Hinojosa; recordó que su partido dio un voto de confianza a la creación de la Guardia, pero que no se ha cumplido con su mando civil ni con su temporalidad; y propuso etiquetar recursos para la capacitación y equipamiento de policías municipales.
Por MC, su coordinador, el congresista Juan Manuel Zepeda Hernández consideró que la estrategia de seguridad que impera desde hace 18 años no ha dado los resultados que la ciudadanía merece; y afirmó que las fuerzas castrenses no merecen la asignación de esta función, porque sólo se exponen al repudio de la población, como sucedió con los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya; y se pronunció por un mando civil y desde lo local.
El parlamentario Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD, lamentó la militarización de la seguridad pública porque es el último paso a un gobierno autoritario; apuntó que no se fortalece los cuerpos policíacos, sino que consolida el poder militar en México, y añadió que organismos de derechos humanos llamaron al Congreso de la Unión a abandonar ese enfoque de militarización en la seguridad pública.
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