La creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal que busca sentar las bases para una efectiva reinserción social de personas privadas de la libertad, propuesta por Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, generó debate sobre las ventajas y desventajas de acelerar las preliberaciones en los centros penitenciarios y los costos que representarían para el Estado.
Al iniciar el análisis de la iniciativa de Ley de Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México por parte de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, su presidente, el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) dijo que la presencia del magistrado Ricardo Sodi es muestra de colaboración institucional por un marco legal que favorezca el acceso a la justicia.
Particularmente, con esta ley, que busca regular la supervisión y vigilancia de la libertad en la ejecución penal, con la finalidad de insertar social, familiar, laboral y económicamente a la persona beneficiada.
Diputadas y diputados de Morena, PRI, PAN, MC y del PVEM manifestaron posturas encontradas al conocer el presupuesto anual del Centro que deberá ser de 8.7 millones a 8.9 millones de pesos, el sobrecupo de 160 por ciento en los centros penitenciarios, que en 2022 fueron preliberadas 561 personas y que cada persona privada de su libertad cuesta 700 pesos diarios al Estado.
Los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena), Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI), Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN) y la diputada María Luisa Mendoza (PVEM) calificaron a la iniciativa como vanguardista y de relevancia, coincidieron en sus beneficios en materia de derechos humanos, presunción de inocencia y de justicia, y para economizar los gastos que el Estado ejerce por las personas privadas de su libertad y optar por su supervisión en la libertad condicional.
En contraparte, el diputado Faustino de la Cruz Pérez (Morena) cuestionó la necesidad de incrementar la estructura gubernamental y pidió información sobre el nivel socioeconómico de las personas privadas de su libertad, cuántos han obtenido su preliberación, si han reincidido y qué hace el Estado para su reinserción social y laboral.
El legislador Gerardo Lamas Pombo (PAN) expresó su preocupación por que se privilegia la liberación de personas para despresurizar los centros penitenciarios, por lo que pidió que solo la obtengan quienes la merezcan, mientras que el diputado Martín Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicitó un análisis conjunto de las comisiones de Finanzas Públicas y Derechos Humanos.
El magistrado Sodi Cuellar expuso que el sistema penitenciario mexiquense está saturado, que no existe un organismo autónomo que determine el riesgo y que siempre hay parcialidad de quienes de quienes intervienen en el proceso porque son quienes ejecutan la sanción, por lo que es necesario adecuar el marco legal para darle congruencia con el artículo IV transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Subrayó que el Estado de México sería el primero del país con este tipo de normas, que buscan determinar una autoridad encargada para la supervisión de la libertad en la ejecución penal distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales; la creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como determinar la forma en la que se tramitarán los procedimientos para la obtención del beneficio, entre otros aspectos.