Falta de estudio de mercado y de procedimientos adquisitivos, inconsistencias en expedientes técnicos de los programas y proyectos de inversión, obras fraccionadas y excepciones a la licitación pública, fueron motivos de observaciones a entidades estatales fiscalizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que atribuye estas fallas a la “mala planeación” y a la “reiterada práctica de improvisación”.

En reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia del OSFEM de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena), Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM, detalló que esta situación se reflejó en dos mil 916 observaciones en las auditorías a la Cuenta Pública 2023, de las cuales 884 fueron al ámbito estatal, clasificadas en Cumplimiento Financiero (387), Inversión Física (143), Legalidad (96) y Desempeño (258).

Al analizar el Informe de Resultados a la Cuenta Pública 2023 en el ámbito estatal, elaborado por el OSFEM, la auditora superior indicó que los entes más observados fueron la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, con 52 resultados finales y 219 observaciones; el Poder Judicial estatal, con 38 resultados y 102 observaciones; el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, con 26 resultados y 72 observaciones, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, con 23 resultados y 88 observaciones.

Al respecto, el diputado Samuel Hernández Cruz (morena) resaltó que el informe da cuenta de observaciones por incumplimiento financiero al Hospital Regional de Zumpango, el cual opera mediante el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios, lo que demuestra el fracaso de este modelo.

Mientras que el legislador Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) aclaró que los señalamientos sobre los programas sociales corresponden a los de la administración estatal pasada, por lo que ofreció compartir información de la Secretaría del Bienestar.

Tras reconocer el trabajo del OSFEM, el parlamentario Alejandro Castro Hernández (PRI) solicitó detallar cómo se distribuyen, entre los poderes y organismos auxiliares y autónomos, los 56 mil millones de pesos (mdp) observados.

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) señaló la falta de datos relacionados con el informe, lo que impide hacer una mejor valoración, como lo relacionado con los programas sociales del gobierno estatal; y añadió que, de acuerdo con el documento, la mayoría de estos programas adolecen de comprobación del uso y destino de los bienes y servicios que ofrecen.

Preguntó cuáles dependencias del gobierno estatal fueron impactadas con el cambio de gobierno y pidió datos completos de los programas Mujeres Con Bienestar, Familias Fuertes, Desarrollo Integral Indígena y Jóvenes en Movimiento, entre otros.

En su oportunidad, la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) cuestionó qué se hace con las personas servidoras públicas que incumplieron con la aplicación de los recursos públicos, porque se señalan observaciones, pero no se indica su situación jurídica.

La titular del OSFEM explicó que las observaciones a la cuenta pública aún se encuentran en la etapa de aclaraciones y solventaciones, por lo que todavía no hay personas servidoras públicas responsables. Aclaró que para la fiscalización plena de la cuenta pública queda un largo camino por recorrer, y que los casos que lleguen al Tribunal de Justicia Administrativa estatal podrían tardar hasta tres años en resolverse.