La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso mexiquense avaló por unanimidad la nueva Ley de Educación del Estado de México que tiene por objeto regular la educación impartida en la entidad y considera a la enseñanza un servicio público que estará sujeto a la rectoría del Estado, por lo que se brindará con un enfoque humanista e inclusivo, al tiempo de que garantiza el derecho a la educación y favorece su cobertura universal.
La iniciativa de ley, autoría de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Abraham Saroné Campos (Morena), abrogará la actual Ley de Educación expedida el 6 de mayo de 2011.
De acuerdo con el legislador Abraham Saroné se agrega al dictamen que el contexto internacional, nacional y estatal actuales exigen que la entidad construya un proyecto educativo que, conforme a los principios de la política educativa nacional, permita ofertar un servicio educativo acorde a las condiciones de vida de los habitantes mexiquenses y a las aspiraciones que como sociedad se tienen para el presente y el futuro con mayores oportunidades de una vida digna.
El dictamen, agregó el legislador, representa un ejemplo de responsabilidad y reciprocidad política de los grupos parlamentarios, pues integra en cada uno de sus 157 artículos las demandas y necesidades de la comunidad escolar, con lo que se perfecciona la normatividad ante una nueva realidad educativa con una perspectiva multidimensional para docentes, estudiantes y padres y madres de familia; y resaltó que la educación y la ciencia son guías que invitan al desarrollo en la nueva ley.
De acuerdo con el dictamen de la iniciativa, leído por la diputada Martha Amalia Moya Bastón (PAN), la nueva normatividad garantiza el derecho a la educación; favorece la cobertura universal en educación; dispone la gratuidad de certificados médicos para apoyar la economía de los educandos; sustenta en valores los principios, fines y criterios de la educación.
Además, es congruente con las acciones de la materia desarrolladas por la Federación y fortalece a los municipios; vigoriza el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación; asegura el ejercicio de derechos de en relación con la educación indígena y afromexicana; plantea un enfoque humanista en la educación y una educación inclusiva.
Establece acciones para la educación especial; vigoriza la normatividad de la educación para las personas adultas; permite la corresponsabilidad en el proceso educativo; garantiza el interés superior de la niñez, adolescencias y juventudes; combate el rezago educativo y a la deserción escolar; facilita el control de los alimentos y las bebidas nutritivas en las escuelas; fomenta estilos de vida saludable.
Promueve la cultura del cuidado del agua; considera medidas para preservar la integridad física, psicológica y social de los educandos; promueve la cultura de la paz y no violencia en las escuelas; permite la contratación de un seguro escolar contra accidentes; dispone acciones para los fines de revalorización de docentes; impulsa medidas administrativas en favor de docentes; incorpora medidas con la infraestructura física y educativa; prevé disposiciones en cuanto a la intervención de quienes ejercen la patria potestad o tutela de las y los menores.
La nueva normatividad brinda aportaciones y avances en materia educativa, perfecciona la legislación actual y fortalece el marco jurídico, armonizando su contenido con la Ley General en la materia para responder a las necesidades actuales de la entidad, generando un basamento jurídico de calidad, sólido y eficaz para la población mexiquense.
La integración del anteproyecto se realizó en cinco etapas que resultaron en una propuesta colegiada, plural e incluyente, pues se constituyó con consultas en materia educativa, dirigidas a pueblos y comunidades indígenas y a las personas afromexicanas y con discapacidad, así como a diversos sectores educativos.
El proyecto tuvo el reconocimiento de las personas afromexicanas de conformidad a la Constitución local; la integración de un comité de revisión técnica; revisión de la iniciativa legislativa; recepción y análisis de observaciones de diferentes instancias, como la Coordinación de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y aportes de 20 iniciativas de ley presentadas por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, algunas ya aprobadas por el Pleno legislativo.
El dictamen reconoce las aportaciones de las diputadas y los diputados: Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss, Camilo Murillo Zavala, Luz Ma Hernández Bermúdez, Yesica Yanet Rojas Hernández, Abraham Saroné y Emiliano Aguirre Cruz, de Morena; de Karla Aguilar Talavera, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Myriam Cárdenas Rojas, del PRI; Enrique Vargas del Villar, Ingrid Schemelensky Castro, Martha Amalia Moya Bastón, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Román Francisco Cortés Lugo y María de los Ángeles Dávila Vargas, del PAN; Sergio García Sosa y Silvia Barberena Maldonado, del PT; Omar Ortega Álvarez, Viridiana Fuentes Cruz y María Elida Castelán Mondragón, del PRD; María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, del PVEM; y Rigoberto Vargas Cervantes y Mónica Miriam Granillo Velazco, sin partido.