La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar con prisión el robo de las tapas metálicas de las coladeras y la usurpación de funciones policíacas, así como para facilitar la querella en el delito de abigeato cuando sea cometido entre familiares.
Durante la reunión presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), la legisladora Alicia Mercado consideró inadmisible que las personas pierdan la vida al caer en las coladeras de las redes de drenaje cuyas tapas o rejillas fueron robadas, como ocurrió en la Ciudad de México a fines de 2022 con las hermanas Sofía y Esmeralda.
Después de la aprobación unánime de su iniciativa por la que se integra el título denominado Delitos contra el Equipamiento y Mobiliario Urbano al Código Penal del Estado de México, la legisladora señaló que en la clandestinidad cada tapa se paga como fierro viejo hasta en 400 pesos cuando su costo real va de los 17 a los 20 mil pesos.
Como parte del mismo dictamen, la Comisión aprobó reformas para sancionar con prisión a las personas encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la usurpación de funciones y faciliten uniformes, insignias, vehículos oficiales o armas, con objeto de amedrentar a la sociedad con falsos operativos o retenes.
De acuerdo con las reformas impulsadas por el diputado morenista Mario Ariel Juárez Rodríguez, se busca combatir los abusos y extorsiones, pues es una práctica común que elementos de las corporaciones policiales recurran a personas externas conocidas como “madrinas” o “izquierdos” para cometer delitos o actos arbitrarios, a los que les proporcionan objetos falsos de las instituciones de seguridad, como uniformes, insignias y autos.
En esta reunión, las y los legisladores también aprobaron reformas al Código Penal para permitir la querella en el delito de abigeato o robo cuando sean cometidos entre familiares con el propósito de evitar desigualdad en el tratamiento de este delito respecto a los de abuso de confianza, fraude, despojo y daño en los bienes.
Las reformas, analizadas con acompañamiento de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, deberán ser ratificadas por el Pleno Legislativo antes de adquirir vigencia.