La Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez, coincidió con las y los diputados locales en la necesidad de contar con una Ley de Fiscalización Superior con tiempos más amigables para las entidades fiscalizables porque actualmente se utiliza el Código de Procedimientos Administrativos que se circunscribe a plazos de tres días y se ha convertido en un documento arcaico.
En reunión con la Comisión de Vigilancia del OSFEM, presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez, para ampliar datos del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2020 en su vertiente municipal, señaló que hoy se debe transitar a expedientes y notificaciones electrónicas ?y el código no nos permite innovar por más esfuerzos de manera interna que hacemos?.
Acompañada de su equipo de auditores especiales y titulares de unidades, expuso también que, derivado de actos de fiscalización, en dos años de gestión el OSFEM suma 30 personas exservidoras públicas sancionadas por no actuar conforme a la normatividad.
También expuso que, en los casos de municipios que han contratado deuda, el Órgano Fiscalizador está al pendiente del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera a través de los procedimientos de Deuda pública a corto y largo plazo, Sistema de Alertas, Comportamiento del nivel de endeudamiento y Contratación de deuda permitida sin autorización de la Legislatura.
En respuesta a los planteamientos de los diputados Faustino de la Cruz Pérez y Valentín González Bautista, relacionados con la carta de liberación que emitía el OSFEM a servidores públicos que eran vinculados a una presunta responsabilidad en el manejo de recursos públicos, se señaló que no existe ley o norma alguna que indique la obligatoriedad de darla, reiterando que el Órgano Fiscalizador se rige por el principio de legalidad.
Las y los legisladores enfocaron sus preguntaron sobre los montos resarcitorios y la solventación de las observaciones, la cantidad de responsabilidades administrativas, las remuneraciones en los ayuntamientos, el sobre ejercicio de recursos públicos y el aumento de deudas, entre otros temas.
Sobre la solventación de auditorías practicadas en 2019 a municipios como Almoloya de Juárez, Capulhuac, Chiautla, Timilpan y al Organismo de Agua de Ixtapaluca, se indicó que las Solicitudes de Aclaración fueron promovidas a Pliegos de Observaciones y están en una segunda etapa de aclaración y las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) fueron remitidas al Órgano Interno de Control para ser atendidas.
También se mencionó que, en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la entidad, el OSFEM verifica que la asignación global de recursos para servicios personales no rebase del límite establecido respecto al ejercicio anterior, sin considerar que se trate de municipios grandes, medianos o pequeños. Ello en respuesta al caso de Teotihuacan, cuyo alcalde tiene un sueldo por más de 103 mil pesos, un presupuesto de 210 mdp y más de 41% se va al Capítulo 1000.