A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas para la implementación de la firma electrónica a fin de contribuir a la modernización del Poder Legislativo, sus órganos y dependencias, generando mayor seguridad e integridad de los documentos, garantizando que su contenido no pueda ser alterado y permitiendo la autenticación del mismo, así como la identidad de la o el firmante.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo, así como el Reglamento Interno de la Contraloría Legislativa, la Jucopo autorizará los registros de las diputadas, diputados y personas servidoras públicas que cuentan con firma electrónica emitida por la autoridad certificadora del Poder Legislativo.
De acuerdo con la exposición de iniciativa a cargo de la legisladora Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM), las iniciativas de ley o decreto podrán presentarse por escrito con firma autógrafa o de forma digital con firma electrónica por él o sus autores y serán entregadas a la presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, por conducto de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
Precisa que la emisión del voto por parte de los ayuntamientos podrá realizarse de forma escrita, digital o en su caso electrónica en el portal que para tal efecto habilite la Legislatura; así como que las personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y órganos del Poder Legislativo podrán hacer uso de la firma electrónica para eficientar los procesos que consideren necesarios en el ámbito de su competencia.
Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios contará entre sus atribuciones con la de proporcionar a las comisiones, comités, grupos parlamentarios, así como a diputadas y diputados en particular, los apoyos, atención, documentación y, en su caso, acompañar en el proceso de firmado electrónico que requieran, para el adecuado cumplimiento de sus funciones legislativas.
La reforma establece que las y los diputados contarán con una firma electrónica que podrá ser utilizada para el envío y remisión de oficios, firma de acuerdos, decretos, dictámenes y cualquier otro documento propio del proceso legislativo y los actos administrativos que de este deriven, por lo cual todo documento que cuente con certificado digital de firma electrónica tendrá la misma validez legal y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, sin perjuicio de aquellos actos de autoridad para los que, cualquier ordenamiento jurídico, de manera expresa, exija la firma autógrafa de la persona titular.
Cabe señalar que diputadas, diputados y personas servidoras públicas en funciones del Poder Legislativo podrán solicitar la revocación de su firma electrónica cuando se considere que el uso de la información de su clave privada o el dispositivo que la contiene esté comprometida o en riesgo y en los supuestos que establece el texto normativo.
Las funciones de la autoridad certificadora estarán a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien realizará el registro y certificación de la firma electrónica, generando un expediente con soporte documental digitalizado, y esta dependencia tendrá 90 días hábiles, después de la entrada en vigor del Decreto, para emitir las normas para la expedición, uso, renovación y revocación de la firma electrónica.