Al afirmar que el sistema penal de la entidad es totalmente opaco, ineficiente e injusto, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, confió en que el trabajo conjunto de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario y de la Comisión de Amnistía contribuirá a la modernización de los centros preventivos y a que, quienes se encuentran presos injustamente y sus familiares, reciban justicia y un trato digno.
Lo anterior, en reunión de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, presidida por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, en la que se presentó el 2º informe del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, sobre la situación carcelaria en el Estado de México, violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, el cual reporta que las y los familiares de internos e internas pagan a los custodios hasta mil 250 pesos cada vez que acuden a visita a los centros de reclusión.
En este sentido, el diputado Maurilio Hernández pidió a las personas involucradas que tengan la certeza de que el Congreso local apoya el trabajo de ambas comisiones para dar respuesta a la confianza y esperanza de familiares y personas presas debido a omisiones, procedimientos indebidos, injusticias y arbitrariedades.
Por su parte, el diputado Ariel Juárez informó que solicitaron por escrito a la Secretaría de Seguridad autorización para que las y los diputados realicen visitas sorpresa a las prisiones estatales para constatar las irregularidades en que operan, además de que solicitarán al titular de la Fiscalía General de Justicia mesas de trabajo para analizar el tema de amnistía.
Al exponer que 40% de las personas privadas de la libertad no han sido sentenciadas, y que en días de visita se hacen diferentes cobros a las y los familiares por cada servicio, informó que, en reunión previa con el titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez, éste reconoció la necesidad de una depuración a fondo de la institución.
En su oportunidad, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la Comisión Especial de Amnistía, anunció que se busca, bajo el mecanismo de Parlamento Abierto, una reunión conjunta entre las dos citadas comisiones, así como las de Procuración y Administración de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública y Tránsito, con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y con familiares de personas presas para trazar una línea de trabajo para dar solución a esta problemática.
Durante la reunión, en la que diversas personas expresaron sus testimonios sobre los abusos que sufren en los centros penitenciarios, Fabiola Vite Torres, coordinadora general del Centro Zeferino Ladrillero pidió un minuto de silencio en memoria de Noemí Calderón Estrada, quien se encontraba privada de su libertad injustamente en el penal de Zumpango y falleció hace unos días por falta de atención médica, e informó que 84% de la población carcelaria no cuenta con servicios médicos y que 83% de los familiares de personas presas han sido extorsionados en las visitas.
Asimismo, Iber Aracena Mora, integrante de este centro, expuso que el informe compacta un trabajo de investigación de más de seis meses, con la participación de más de 10 especialistas y reúne los testimonios de 169 personas en reclusión.