A propuesta de las diputadas del grupo parlamentario del Verde Ecologista, María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, el Congreso local solicitó por unanimidad a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y a los organismos operadores de agua de la Región II Atlacomulco informes sobre las labores de saneamiento y tratamiento de aguas residuales industriales en la zona norte de la entidad.
En sesión deliberante, la coordinadora parlamentaria María Luisa Mendoza, explicó que se solicita a la CAEM comparta información del número de usuarios del servicio de descarga de aguas residuales industriales de la Región II Atlacomulco que han sido sancionados en el último año como consecuencia de falta de cumplimiento en la normatividad.
Mientras que a los organismos operadores de agua de los municipios de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón se les pide que remitan un informe acerca de los volúmenes de tratamiento de aguas residuales industriales que han realizado en el último año, el número de descargas finales de aguas tratadas que se realizan en su municipio y en qué cuerpos receptores, así como sobre la calidad del agua descargada y quiénes son los usuarios responsables.
La proponente refirió que en la región existen 2 mil 663 unidades económicas industriales, que se concentran en un 74.46 por ciento en Acambay, Atlacomulco, Jilotepec, Jocotitlán y Temascalcingo y, aunque reconoció el crecimiento de la industria, enfatizó que estas unidades económicas son también fuentes emisoras de agentes contaminantes para la atmósfera y para los cuerpos de agua en los que descargan sus aguas residuales, ocasionando importantes daños al medio ambiente y a la salud de quienes habitan en sus inmediaciones.
Propone construcción de cisternas en espacios públicos
En nombre de la bancada del PVEM, la legisladora Claudia Desiree Morales planteó que el Estado, en coordinación con los municipios, fomente la construcción, equipamiento y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de agua públicos, además de abastecerlos de agua gratuita, pues aseguró que el acceso al agua para su consumo es un derecho humano que todo Estado y nación está obligado a garantizar.
La diputada enfatizó que su propuesta de reformas al Código Administrativo y a la Ley Orgánica Municipal, ambos del Estado de México, establece la construcción, equipamiento, mantenimiento y abastecimiento de sistemas de almacenamiento de agua potable públicos (cisternas, tanques, tanques elevados, entre otros) que garanticen el abasto gratuito de agua a la población en general.
Compartió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2015 en el Estado de México 95.6% de la población tenía servicio de agua potable entubada dentro de su hogar, y que en los últimos años el volumen de agua necesaria para el desarrollo de las actividades cotidianas, tanto de consumo como productivas, se ha reducido debido a la explotación desmedida de los cuerpos acuíferos y la escasez de lluvia, lo que ha representado una situación de estrés hídrico y exige políticas públicas a revertir la situación de forma sostenible.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Recursos Hidráulicos.