Contar con una administración pública austera, eficaz, transparente y cercana a la gente, acorde a los postulados de la Cuarta Transformación, son propósitos de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México propuesta por los grupos legislativos de Morena, del Trabajo, Verde Ecologista y diputados sin partido, a fin de generar ahorros significativos para destinarlos a salud, educación y seguridad, garantizando los derechos laborales de las y los trabajadores.
La iniciativa, signada por los diputados Maurilio Hernández González (Morena) y Sergio García Sosa (PT); la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) y el legislador Rigoberto Vargas Cervantes, busca erradicar duplicidades y redundancias en las funciones y competencias de las dependencias sin aumentar el gasto gubernamental.
Al exponer la iniciativa que abrogaría la ley expedida en 1981, la diputada María Luisa Mendoza, presidenta de la Diputación Permanente, enfatizó que la nueva ley no pone en riesgo derechos laborales de quienes laboran en el Ejecutivo, por lo que mandos medios y personal operativo no verán afectada su situación laboral y profesional e incluso tendrán mejores atribuciones para desempeñar sus funciones.
En el caso de la persona titular del Poder Ejecutivo se prevén áreas de apoyo enmarcadas en la austeridad republicana, lejos de dispendios y derroches de recursos, en un trabajo y responsabilidad solidaria con el pueblo y una dinámica de gobierno cercana a la gente.
Como parte del rediseño institucional, propone la creación de la Secretaría del Agua y de la Oficialía Mayor, a la que se integrarán las áreas encargadas de temas administrativos existentes en la Secretaría de Finanzas, así como la transformación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en Consejería Jurídica.
Prevé también la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar; Medio Ambiente en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mientras que Desarrollo Urbano y Obra ahora será de Desarrollo Urbano e Infraestructura, conservando las funciones de obra pública, a excepción de la infraestructura hídrica y educativa que llevarán a cabo las secretarías del ramo.
También se trasladarán la Secretaría de Educación el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, así como las atribuciones en materia de Cultura Física y Deporte, a fin de dar paso, posteriormente, a la creación del Instituto del Deporte en el Estado; además de que fortalece las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres.
Conforme a la propuesta, remitida a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la administración pública estatal contará con las siguientes secretarías: General de Gobierno, Seguridad, Finanzas, Salud, Trabajo, Educación, Bienestar, Desarrollo Urbano e Infraestructura, Campo, Desarrollo Económico, Cultura y Turismo, Contraloría, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agua, de las Mujeres y Movilidad.