Como integrante del Constituyente Permanente, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad minutas de reforma a la Constitución Política del país en materia de suspensión de derechos a personas violentadoras y morosos alimentarios para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, así como para establecer la edad mínima para ocupar una Diputación o una Secretaría de Estado, enviadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
En el primer caso, las reformas establecen que la suspensión de los citados derechos aplicará por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, supuesto en el que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Además, señala que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento y encontrarse en ejercicio de sus derechos.
La segunda minuta establece que la edad mínima para ser legisladora o legislador deberá ser de 18 años cumplidos al día de la elección, mientras que para ocupar una Secretaría de Estado se requiere contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.
Aprueban reformas que fortalecen el campo estatal
El Congreso local aprobó reformas al Código Administrativo del Estado de México para regular el fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, acuacultura, pesquera, apicultura, agave y forestal a fin de propiciar el progreso e impulso a la sanidad, seguimiento y comercialización de los productos y subproductos del campo.
Aprobadas por unanimidad, las reformas incorporan las demandas sociales para el fortalecimiento, protección y potencialización del campo, garantizando el equilibrio justo en infraestructura y movilidad resiliente, con eficiencia presupuestal y mejora institucional. Asimismo, la Secretaría del Campo integra actividades que actualmente ejecuta la Protectora de Bosques del Estado de México.
La reforma también establece las directrices para el mecanismo de seguimiento epidemiológico ante la presencia de enfermedades o plagas con impacto agropecuario, acuícola, apícola o del agave por el latente riesgo de transmisión a los seres humanos, así como el aprovechamiento de las estrategias de comercialización para potencializar una actividad económica que garantice la satisfacción de las necesidades presentes y futuras.