Comunicado 476
02 de Marzo 2022
Denuncia Congreso evasión de impuestos ambientales; pide cuentas
- También solicitó garantizar el suministro de agua potable en escuelas públicas de la entidad.
- Analizarán la propuesta para fortalecer la Contraloría Social.
Por unanimidad, el Congreso del Estado de México solicitó a la Secretaría de Finanzas y al Comité Técnico del Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México establecer mecanismos que garanticen el cobro de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, a los municipios u organismos públicos que presten los servicios de suministro de agua potable.
Además, solicita a los 125 municipios realizar el pago y al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) realizar una auditoría al fideicomiso para verificar si lo recaudado en 2020, 2021 y lo que va del 2022 se ha aplicado como lo marca la ley.
Conforme al punto de acuerdo impulsado por los legisladores Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del Villar, que incluye propuestas del diputado Max Agustín Correa Hernández, al primer bimestre de 2021, la Protectora de Bosques (Probosque) reportó que 58 municipios si habían aportado, 42 habían dejado de aportar y 25 nunca lo habían hecho
Por ello, se solicita al Comité Técnico del Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México informe al Congreso sobre los recursos recaudados para cada año fiscal, su monto, conceptos en que se han invertido, cómo se conforma el padrón de beneficiarios y quienes han recibido apoyos, así como las razones por las cuales las administraciones locales han dejado de aportar.
El documento recuerda que desde 2007 se crearon las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, que deberán ser cubiertas por los municipios y depositadas en el Fideicomiso Público señalado para apoyar a dueños y/o poseedores de los recursos forestales que presten servicios ambientales en la entidad.
Precisó que se determinó una tarifa de 3.5% sobre el monto de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable, pagaderos dentro de los 17 días siguientes al vencimiento del bimestre que corresponda.
Llaman a garantizar abasto de agua en escuelas públicas
El Congreso mexiquense también solicitó a la Comisión del Agua del Estado de México y a los 125 municipios, a garantizar el abasto de agua potable en todas las escuelas públicas del Estado de México.
De acuerdo con la diputada Mónica Miriam Granillo Velazco, que impulsó este punto de acuerdo, el Estado debe ser garante del derecho al agua en las escuelas públicas, ya que las niñas, niños y adolescentes necesitan agua segura para beber, para lavarse las manos y para los servicios sanitarios, pues cuando las escuelas no cuentan con este servicio, se incrementan las enfermedades gastrointestinales y disminuye la asistencia a clases y del rendimiento académico.
Proponen fortalecer la Contraloría Social
Durante la sesión, el diputado Sergio García Sosa propuso reformas para dotar de operatividad y acción a la Contraloría Social en el Estado de México, estableciendo, entre otras cosas, funciones específicas que ayuden y fortalezcan el fomento de una cultura de vigilancia y de control de los recursos y programas sociales.
La propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social, que será analizada por la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, expone que una Contraloría Social fuerte requiere instrumentos no sólo para exigir respuesta de las y los gobernantes, sino también para exigir sanciones en caso de irregularidades, y cumplir así la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Además, solicita a los 125 municipios realizar el pago y al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) realizar una auditoría al fideicomiso para verificar si lo recaudado en 2020, 2021 y lo que va del 2022 se ha aplicado como lo marca la ley.
Conforme al punto de acuerdo impulsado por los legisladores Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del Villar, que incluye propuestas del diputado Max Agustín Correa Hernández, al primer bimestre de 2021, la Protectora de Bosques (Probosque) reportó que 58 municipios si habían aportado, 42 habían dejado de aportar y 25 nunca lo habían hecho
Por ello, se solicita al Comité Técnico del Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México informe al Congreso sobre los recursos recaudados para cada año fiscal, su monto, conceptos en que se han invertido, cómo se conforma el padrón de beneficiarios y quienes han recibido apoyos, así como las razones por las cuales las administraciones locales han dejado de aportar.
El documento recuerda que desde 2007 se crearon las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, que deberán ser cubiertas por los municipios y depositadas en el Fideicomiso Público señalado para apoyar a dueños y/o poseedores de los recursos forestales que presten servicios ambientales en la entidad.
Precisó que se determinó una tarifa de 3.5% sobre el monto de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable, pagaderos dentro de los 17 días siguientes al vencimiento del bimestre que corresponda.
Llaman a garantizar abasto de agua en escuelas públicas
El Congreso mexiquense también solicitó a la Comisión del Agua del Estado de México y a los 125 municipios, a garantizar el abasto de agua potable en todas las escuelas públicas del Estado de México.
De acuerdo con la diputada Mónica Miriam Granillo Velazco, que impulsó este punto de acuerdo, el Estado debe ser garante del derecho al agua en las escuelas públicas, ya que las niñas, niños y adolescentes necesitan agua segura para beber, para lavarse las manos y para los servicios sanitarios, pues cuando las escuelas no cuentan con este servicio, se incrementan las enfermedades gastrointestinales y disminuye la asistencia a clases y del rendimiento académico.
Proponen fortalecer la Contraloría Social
Durante la sesión, el diputado Sergio García Sosa propuso reformas para dotar de operatividad y acción a la Contraloría Social en el Estado de México, estableciendo, entre otras cosas, funciones específicas que ayuden y fortalezcan el fomento de una cultura de vigilancia y de control de los recursos y programas sociales.
La propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social, que será analizada por la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, expone que una Contraloría Social fuerte requiere instrumentos no sólo para exigir respuesta de las y los gobernantes, sino también para exigir sanciones en caso de irregularidades, y cumplir así la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.