La Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero del Congreso mexiquense recibió a Laura González Hernández, secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal, entre otras áreas del gobierno estatal y de ayuntamientos para analizar la Ley de Economía Circular del Estado de México, propuesta por el diputado Max Agustín Correa Hernández (Morena).
Durante la reunión, el diputado Max Correa explicó que su propuesta de Ley de Economía Circular deriva de diversos foros con integrantes formales e informales del sector de reciclaje de residuos en la entidad, quienes piden que sea una regulación armonizada con la legislación de la Ciudad de México para que compartan las mismas obligaciones y facultades, además de que no sea excesiva ni impositiva.
Su propuesta, precisó, incorpora temas relacionados con los llamados pepenadores de basura, y adelantó que se tomarán en consideración las propuestas recabadas en esta reunión y las expresadas por representantes del sector privado quienes expusieron sus comentarios en una reunión anterior.
Con la presidencia de la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), la legisladora Evelyn Osornio Jiménez solicitó ampliar el análisis y precisar qué elementos jurídicos requiere la ley, su impacto económico y si cumple con los objetivos de la Agenda 2030.
De Morena, la diputada Carmen de la Rosa Mendoza llamó a definir quiénes participan en este sector de la economía, cómo participan los pepenadores, qué inversión se necesita, el monto de estímulos económicos que se proponen y para quiénes, además de cuestionar si se relaciona con la generación de energía. Se pronunció por una ley solidaria, en particular con las personas pepenadoras.
En su intervención, Laura González reiteró el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de buscar el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, en tanto que de la misma dependencia Susana Libién Díaz planteó que regular esta actividad podría generar crecimiento y atraer más inversión en una entidad que cuenta con 12 mil 500 unidades recicladoras, es primer lugar nacional en esta actividad, tercero en aportaciones al PIB en este rubro y en la cual se generan 151 mil empleos.
Coincidió con Azalea Salinas López en que la propuesta incluye temas del Código para la Biodiversidad y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, por lo que pidieron evitar duplicidades, mientras que Roberto Liceaga, del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, se pronunció por una ley solidaria e incluyente en materia de derechos humanos, y Misael Gómez Granillo, de Nezahualcóyotl, recordó que los municipios requieren de más recursos para ésta y otras acciones.
La Comisión proseguirá con el estudio de esta iniciativa para promover la transición de la entidad hacia una economía circular para estimular el desarrollo económico mediante la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias y disminución de la destrucción de valor de los residuos.