El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) expresó su respaldo a la iniciativa para transformar las actuales magistraturas supernumerarias en salas regionales, mejorar la evaluación y control presupuestal a cargo de los entes fiscalizadores como el Órgano Superior de Fiscalización y el Órgano Interno de Control (OIC), además de fortalecer las facultades de la Junta de Gobierno y Administración y el Pleno de la Sala Superior e incorporar la paridad de género en la integración general del Tribunal.
Así lo dio a conocer la representación del tribunal en reunión de trabajo con la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para analizar la propuesta de reformas a la Ley Orgánica del TRIJAEM, en la que presentó 16 propuestas y pidió precisar y aclarar algunos de las modificaciones ya incluidas en la iniciativa.
Entre las propuestas del Tribunal se incluye determinar que las decisiones del órgano colegiado se realicen con perspectiva de género; incorporar las facultades investigadoras, sustanciadoras y de auditoría del OIC; regular el sistema que garantice la emisión de jurisprudencia y tesis aisladas y garantizar la validez de las actuaciones jurisdiccionales a través de herramientas digitales.
Asimismo, crear un Centro de Formación y Profesionalización adscrito al Instituto de Justicia Administrativa y un Centro Público de Mecanismos para impulsar los medios alternativos de solución de conflictos; incorporar la obligación del personal jurisdiccional para capacitarse en el dictado de sentencias con perspectiva de género; autorizar el presupuesto necesario para la creación de tres salas regionales, cada una de las cuales requiere poco más de 16 millones de pesos; regular el Fondo de Justicia Administrativa y armonizar al mismo tiempo los códigos Administrativo y de Procedimientos Administrativos.
También propuso profundizar en el análisis de la definición de las funciones del Pleno y la Junta que no puede basarse en criterios de máxima o mínima representación, sino de eficiencia; así como distinguir entre las funciones jurisdiccionales y administrativas del Tribunal.
Además, pidió precisar las razones para eliminar las opiniones técnicas en los procesos y revisar si el mecanismo que se propone para que el Pleno pueda destituir a servidores públicos contravendría derechos laborales, humanos y el debido proceso.
Una vez recibidos los comentarios y propuestas, la presidencia de la Comisión acordó su distribución entre las y los diputados integrantes, así como a la Junta de Coordinación Política para su evaluación.