El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad que los municipios de Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec, apliquen durante 2023 tarifas de agua potable diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
De acuerdo con el dictamen, expuesto por la diputada Beatriz García Villegas (Morena), los 20 municipios que aplicarán tarifas diferenciadas por los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de agua residual para su tratamiento, deberán presentar al Congreso un informe a más tardar el 15 de noviembre del próximo año sobre los ingresos derivados de estas tarifas, así como los objetivos, acciones, y resultados alcanzados en materia social, financiera, presupuestal y contable.
Además, el Congreso se reservó el derecho de solicitar la comparecencia de las autoridades estatales y municipales involucradas para analizar y evaluar dichos informes,
El dictamen incluye una solicitud a los 125 ayuntamientos mexiquenses para eficientar la recaudación del pago de derechos por servicios públicos municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de agua residual para su tratamiento.
La legisladora García Villegas indicó que, a lo largo de dos semanas, las comisiones legislativas trabajaron de manera intensa para conceder de forma prudente y responsable la autorización de dichas tarifas con la finalidad de mejorar la prestación de estos servicios a partir de una evaluación de las implicaciones particulares de cada municipio en materia sanitaria, cultural, educativa, social y económica.
Con los ingresos que se obtengan para el próximo ejercicio fiscal, indicó, será posible priorizar el manejo y la operatividad progresiva de la red de agua potable, siempre y cuando sean utilizados con responsabilidad, objetividad y seriedad, con base en los principios de austeridad, eficacia, equidad, honradez, legalidad y transparencia.
Dijo que la autoridad municipal más allá de establecer o fijar cuotas tasas y tarifas debe tomar en serio su deber de cobrar recaudar y ejercer correctamente los ingresos, en tanto que con estas acciones las y los diputados priorizan el derecho de la ciudadanía de conocer el actuar de las autoridades cuando se trata de ejercer los recursos financieros.
En su momento, el diputado Francisco Javier Santos Arreola (PAN) coincidió con la legisladora en que no habrá dinero que alcance mientras la infraestructura de agua potable no reciba el mantenimiento correcto y el servicio que se otorga a la ciudadanía no sea de calidad, pues este tipo de inversiones no lucen, y muchas veces los gobiernos hacen obras de relumbrón para alimentar su ego y quedar bien con la ciudadanía.
El agua potable, indicó, es uno de los servicios públicos más sensibles y más importantes y conminó a los ayuntamientos, tesorerías y organismos operadores a desarrollar acciones que fortalezcan sus finanzas, pues es la forma de llevar progreso a sus municipios.