El grupo parlamentario de Morena propuso reformas para regular el servicio de grúas y corralones en el Estado de México, con tarifas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la delimitación del territorio de operación de los concesionarios y que cuenten con pólizas de seguro ante posibles daños, transparentar el ingreso de los vehículos a los depósitos y revisar el otorgamiento, operación y revocación de las concesiones.
De acuerdo con la iniciativa de los diputados Adrián Galicia Salceda y Nazario Gutiérrez Martínez, en el Estado de México existen grupos que, de manera inmoral, lucran y abusan al otorgar estos servicios ante la carente infraestructura, la sospechosa falta de control sobre los vehículos ingresados a los depósitos vehiculares, la opacidad en sus cobros, el robo de autopartes en estos espacios, entre otras situaciones que ponen en duda si es un servicio o un atraco; pues en algunos casos es mayor el cobro de la tarifa que el valor del vehículo.
Expuesta al Pleno por el diputado Adrián Galicia, la iniciativa busca que la transparencia sea el eje rector de estos servicios, además de normar los cobros, evitar daños a las unidades y refrendar anualmente las concesiones para este servicio.
En este sentido, proponen establecer en el Código Financiero tarifas de 103 mil 755 pesos por el servicio de depósito para guarda y custodia de vehículos accidentados; 4 mil 998 pesos por el refrendo anual de la concesión; 6 mil 254 por concesiones para servicio de transporte de pasajeros y para el servicio discrecional de arrastre o salvamento; entre otras modalidades, mientras que el costo de licencias para transporte especializado, escolar, personal y de turismo sería de mil 406 pesos por dos años, y de motociclistas del servicio particular o privado de 564 pesos por un año y de mil 343 hasta por cuatro años de vigencia.
También prevé que los concesionarios operen con roles de servicio conocidos por la Secretaría de Seguridad, evitar que un concesionario opere en más de un inmueble para el depósito de vehículos, la contratación de pólizas de seguros para el pago por probables daños a vehículos en el arrastre o depósito, entre otras.
La iniciativa, que incluye reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Movilidad, así como a los códigos Administrativos y Financieros, todas de carácter estatal, fue remitida para su dictamen a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Planeación y Gasto Público, y de Finanzas Públicas.