El Congreso mexiquense recibió una iniciativa de reformas a la Ley de Justicia Cívica del Estado de México para que las y los presidentes municipales prevean un presupuesto anual destinado a la certificación y la capacitación del personal adscrito a los juzgados cívicos en los municipios.
De acuerdo con la iniciativa, en todos los municipios mexiquenses los juzgados cívicos son espacios elementales para garantizar la convivencia pacífica entre las personas y son las instancias encargadas de aplicar la Ley de Cultura Cívica del Estado de México.
Por ello, considera vital impulsar la capacitación y la certificación de los jueces cívicos para atender de manera pronta los conflictos ciudadanos, por lo cual, se propone hacer más ágil las estructuras de los juzgados y, en consecuencia, reestructurar los reglamentos y normatividad, además, solicita que en el proceso de dictamen se convoque a un Parlamento Abierto.
De ser aprobadas, estas reformas determinarían la atribución de la o el presidente municipal de contemplar un presupuesto anual destinado a la certificación y la capacitación del personal adscrito a los juzgados cívicos en los municipios. La Iniciativa será analizada por las Comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
Plantean acta de identidad para personas en situación de calle
La Asamblea plenaria recibió la iniciativa para que las personas en situación de calle y abandono social sean acreedoras a un Acta de Identidad para Personas en Situación de Calle, propuesta impulsada por la Red de Jóvenes Políticos Capítulo Estado de México.
Lo anterior, advirtió, debido a que uno de los sectores de la sociedad más invisibilizados, y al cual se le debe hacer importante énfasis es el de las personas en situación de calle y en abandono social, las cuales carecen de acceso a documentación básica como un acta de identidad.
Este documento les permitiría contar con acceso universal a espacios de salud, educación, seguridad social y pública, de trabajo y vivienda; promoviendo también, su integración a una mejor calidad de vida mientras las autoridades mexiquenses asumen su papel como ente garante de la atención integral a sus derechos humanos y la sociedad mexiquense hace frente a la discriminación y exclusión social.
Además, busca subsanar el rezago de atención gubernamental e institucional a la que se enfrentan las personas en situación de calle a través de la acreditación de la personalidad jurídica. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.