Ante la urgencia de contar con políticas públicas que detonen la productividad y competitividad del sector agropecuario, el Congreso mexiquense solicitó por unanimidad a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México destinar mayores recursos a la Secretaría del Campo en el Presupuesto de Egresos 2023.
Conforme al punto de acuerdo impulsado por la diputada Silvia Barberena Maldonado (PT), con mayor presupuesto se implementarán programas estatales prioritarios para el desarrollo de la agricultura, la actividad pecuaria, la acuacultura, la apicultura, el agave, la actividad pesquera, hidráulica y la agroindustria.
El documento aprobado por unanimidad señala que, durante la glosa del 5º Informe del gobierno estatal, se mencionó la reducción a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Federación de 137 mil millones de pesos en lo que va de esta administración federal, lo que significa para la entidad que se dejan sin operación seis programas estatales en función de la desaparición de fondos y fideicomisos del sector agropecuario.
Sumado a lo anterior, en los últimos cinco años, el titular del Ejecutivo estatal, sin estridencias y sin culpar a terceros, ha generado estrategias para incrementar la producción, calidad y comercialización agropecuaria, ejerciéndose más de 5 mil 500 mdp en ese periodo lo que significó el crecimiento en términos reales de 15 por ciento
Proponen que la cultura sea un derecho social
Con el fin de asegurar un desarrollo equilibrado tanto de la sociedad como de las personas, mediante la integración de factores culturales en las estrategias sociales, el diputado Sergio García Sosa, coordinador legislativo del PT, propuso integrar el derecho a la cultura dentro del catálogo de derechos sociales de la política social de la entidad.
Al exponer la iniciativa de reformas a la Ley del Desarrollo Social de la entidad, el legislador señaló que debe quedar claro que el objetivo primordial para que la política mexiquense de desarrollo social evolucione hacia un enfoque inclusivo más amplio, es necesario extender el inventario de derechos sociales hacia un enfoque cultural; de ahí que sea necesario observar y atender lo que estipulan los distintos instrumentos internacionales y nacionales que tratan el derecho a la cultura.
La iniciativa, que se complementa con la propuesta de precisar, en la citada Ley, que el derecho social a la alimentación segura, debe considera que sea también nutritiva y de calidad, será analizada por la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social.