El Congreso mexiquense recibió la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de México a fin de regular la responsabilidad que nace de los daños al ambiente, así como la reparación y compensación de estos cuando sea exigible a través de procesos judiciales locales, administrativos y penales por la comisión de delitos contra el ambiente y los mecanismos alternativos de solución de controversias.
La iniciativa que incluye reformas al Código para la Biodiversidad establece la compensación ambiental, sanciones económicas acordes a la actualidad, amplía los conceptos de reclamación a los responsables por daños a la salud, brinda certeza jurídica respecto a las instancias competentes de conocer y resolver los asuntos en materia de responsabilidad ambiental, crea el Fondo de Responsabilidad Ambiental e incorpora los mecanismos alternativos para la solución de controversias.
Remitida a las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático y Procuración y Administración de Justicia, refiere que en junio de 2013 se expidió la Ley Federal en la materia la cual ya ha sido replicada por al menos seis entidades federativas.

Buscan agilizar la regularización de asentamientos humanos

El Congreso mexiquense recibió la iniciativa de reformas al Código Financiero y a la Ley Registral del Estado de México a fin de otorgar carácter permanente al programa 2024 para la regularización de predios, en un contexto en el que los asentamientos irregulares en predios de propiedad privada en la entidad abarcan 3 mil 620 hectáreas, de las cuales 288 se consideran zonas de alto riesgo.
De acuerdo con la iniciativa, el Paquete Fiscal 2024 incluye una disposición para la regularización de predios no inscritos en el Instituto de la Función Registral (IFREM), para lo que se dispuso un fondo de 50 millones de pesos, con el fin de ayudar a los poseedores en situación de informalidad jurídica a conseguir su escritura pública. No obstante, debido a la cantidad de predios irregulares y al ritmo actual de regularización tomaría muchos años lograr su escrituración.
Por ello, se propone convertir el programa en una ley permanente y no una política temporal y coyuntural, lo que beneficiaría a estas personas y les permitiría obtener hipotecas, heredar o vender sus lotes.