A fin de implementar acciones contundentes contra el robo de teléfonos celulares, equipos de cómputo y dispositivos electrónicos en la entidad, en nombre del grupo legislativo de Morena, el diputado Issac Martín Montoya Márquez propuso agravar las penas de prisión además de prever un nuevo tipo penal que sancione el ‘hackeo’ de estos equipos.
En sesión deliberante, ante vecinas y vecinos de San Francisco Chimalpa de Naucalpan, el legislador explicó que las reformas al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México también plantean que los ayuntamientos coadyuven en la prevención de los delitos relacionados con la comercialización ilícita de dichos dispositivos, por lo que no podrán autorizar su venta en la vía pública, en puestos fijos o semi fijos, en mercados y centrales de abasto.
En este sentido, propone penas de dos a ocho años de prisión para quien participe en el delito de encubrimiento por receptación de teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos, así como de uno a tres años de prisión a quien acepte, reciba, adquiera, posea, pignore, use u oculte objetos, productos o instrumentos del delito, sin cerciorarse de su procedencia lícita.
Además, de dos a ocho años de prisión para quien desbloquee dichos dispositivos sin consentimiento legal, mediante software, hardware y cualquier otro medio con fines de comercialización. La iniciativa fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Legislación y Administración Municipal.
Propone TSJEM ley para supervisar libertad condicionada
El Congreso local recibió la iniciativa para expedir la Ley de Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México, remitida por Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, que busca una mejor operatividad de la supervisión de la libertad condicionada y demás beneficios en ejecución penal.
De acuerdo con el documento expuesto por la legisladora María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), vicepresidenta de la Directiva, el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, elaborado por Comisión Nacional de Derechos Humanos, arrojó que el sistema penitenciario mexiquense enfrenta retos como el hacinamiento, gobernabilidad y reinserción social.
Por lo anterior, continúa el documento que será analizado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, es necesario considerar el fortalecimiento y mejora del sistema penitenciario.