El grupo parlamentario del PT en el Congreso local propuso reformas para que la Secretaría de Salud del gobierno estatal implemente un programa de atención integral al cáncer de próstata y testicular a fin de disminuir la tasa de mortalidad, pues con 932 casos la entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional en 2020, así como para que los descendientes y familiares de personas mayores tengan la obligación de proporcionarles alimentación, cuidados primarios y atención integral.
El diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT explicó que las reformas al Código Administrativo del Estado de México plantean que la Secretaría de Salud elabore, coordine y vigile el Programa de Atención y Tratamiento del Cáncer de Próstata a fin de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por esta enfermedad en hombres a partir de los 40 años.
Este programa favorecería la prevención integral y oportuna, así como el acceso a tratamiento especializado, atender a quienes desarrollen esta enfermedad, sean o no derechohabientes del sistema estatal de salud, proporcionar estudios complementarios y fomentar una cultura de prevención sobre el cáncer de próstata, enfermedad que causa la muerte de tres de cada 10 hombres diagnosticados con esta enfermedad.
La iniciativa, a la cual se sumó el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), será analizada por la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social.
Por ley, familiares deben cuidar a personas mayores: Silvia Barberena
En sesión deliberante, la diputada Silvia Barberena Maldonado dijo que de acuerdo con el Consejo Estatal de Población hasta 2020 habitaban en la entidad un millón 919 mil 454 personas mayores de 60 años, de las cuales 31% sufren limitación en su actividad y 19% alguna discapacidad que los coloca en una situación de vulnerabilidad, además de que la entidad es la tercera en el país con mayor población de personas mayores sin acceso a la alimentación
Por ello, propone que los descendientes o los familiares más cercanos de las personas mayores también tengan la obligación de garantizar y procurar sus derechos y obligaciones. Esta iniciativa se remitió a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Atención de Grupos Vulnerables.