A fin de hacer frente a la reducción en el suministro de agua para el Estado de México y la Ciudad de México, en tanto que especialistas han calculado un plazo de cinco años para el día cero en la entidad, la diputada Beatriz García Villegas (Morena) propuso reformas a la Constitución Política estatal y a la Ley del Agua del Estado de México y sus Municipios a fin de lograr las condiciones adecuadas para conseguir el equilibrio hidrológico en la entidad y garantizar el derecho humano al agua.
La iniciativa, que armoniza la Ley el Agua con la Ley Orgánica de la Administración Pública, advierte que los conflictos por el agua van en aumento en esta entidad, por lo que destaca la necesidad de apelar a la responsabilidad social de todos los sectores de la población como beneficiarios o perjudicados de cualquier medida.
Como parte de un nuevo esquema de organización institucional, propone que la Comisión del Agua del Estado de México y la Comisión Técnica del Agua se integren como órganos descentralizados de la Secretaría del Agua, a fin de evitar la duplicidad de funciones, además de abrir la participación ciudadana en las decisiones en la materia, de manera particular de los grupos originarios.
Propone que la Legislatura estatal establezca en la Ley del Agua la existencia de un organismo integrado por un comisionado o comisionada presidente aprobada por la Legislatura a propuesta del gobernador o gobernadora, integrado por representantes del Ejecutivo estatal, los municipios y la ciudadanía para coadyuvar con las instancias correspondientes en la coordinación para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de agua residuales y, en general, el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.
Plantea que los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, así como los concesionarios y permisionarios que sean prestadores de los servicios, tendrán el carácter de autoridad en los términos que indique la normatividad vigente; establece que el agua es un bien común que constituye un recurso natural de carácter vital, vulnerable, escaso, limitado; amplía las funciones de la Secretaría del Agua; promueve la creación de los Espacios de Cultura del Agua y señala que las autoridades deberán ejecutar mecanismos de participación ciudadana a convocatoria pública y abierta sobre las decisiones en materia de administración y manejo del agua potable, drenaje, alcantarillado y aguas residuales, especialmente cuando pudieran afectar a pueblos y comunidades originarias.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Recursos Hidráulicos y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.