La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), presidenta de la Legislatura en su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, sostuvo que la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública estatal representa para las y los legisladores la fortuna y responsabilidad de vivir y servir al Estado de México en una etapa histórica y relevante para la democracia.
Así lo aseveró al recordar que la llegada de Delfina Gómez Álvarez como la primera gobernadora del Estado de México, marca e incide en la vida jurídica, política y económica de la población, por lo que la expedición de una nueva Ley Orgánica garantiza al Poder Ejecutivo un basamento jurídico que le permitirá servir en mejores condiciones a la población.
En sesión solemne con motivo del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, María Luisa Mendoza destacó que la nueva ley abrogará la expedida en 1981, es coherente con los tiempos que vive la entidad y se encuentra en armonía con la realidad social, económica y política del estado, así como con la transformación de la nación.
La legisladora valoró las reformas que en 42 años de vigencia tuvo la ley, aunque reconoció que requería ser actualizada, por lo que subrayó que la propuesta, que partió de una revisión integral con el consenso de todos los grupos parlamentarios, busca perfeccionar las instituciones y fortalecerá las herramientas jurídicas fundamentales para la organización y adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo estatal.
Resaltó que las y los legisladores acatan los principios democráticos y que desde su ámbito cumplen con los mandatos y obligaciones, preservando en todo momento la institucionalidad del Poder Legislativo, sin perder de vista su esencia plural y partidista que contempla la democracia y garantiza mejores decisiones para la población; y con esa directriz, haciendo uso de la potestad legislativa, dan trámite a instrumentos jurídicos que permiten direccionar el actuar de los poderes del Estado.
Asimismo, al clausurar los trabajos del Periodo Extraordinaria recalcó que el Pleno Legislativo ha dado muestras de madurez política y ha priorizado el interés superior de más de 17 millones de mexiquenses y que la nueva ley mejorará la organización y funcionamiento de la administración pública.