Por unanimidad de votos, el Congreso mexiquense aprobó la creación de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México la cual tutelará los derechos de los pueblos indígenas, conforme a la iniciativa del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
En sesión deliberante, el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) expuso el dictamen de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial las cuales reconocen que el Estado de México tiene una composición multicultural y pluriétnica, por lo cual esta ley protegerá y promoverá el interculturalismo jurídico, con respeto a la cultura de los pueblos Matlazinca, Mazahua, Náhuatl, Otomí y Tlahuica, así como de los demás pueblos originarios que forman parte de la identidad del país.
La reforma va respaldada por una consulta con los pueblos originarios la cual fue atestiguada por Rigoberta Menchú Tum, la cual reivindica y reconoce la autonomía, libre determinación, lengua, cultura e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas, así como su derecho a participar, opinar y decidir en los asuntos públicos, que, como ciudadanos mexiquenses les serán propios y aplicables.
La Sala de Asuntos Indígenas conocerá de los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales en donde alguna de las partes se asuma como integrante de algún pueblo originario y se planteen cuestiones del propio pueblo que se confronten con la tutela de derechos humanos. Emitirá opiniones consultivas en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas al aplicar sus sistemas normativos, y propondrá al Pleno protocolos de actuación para el juzgamiento con perspectiva de interculturalismo jurídico.
También conocerá y resolverá las causas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se susciten por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y conocerá de las inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.
De acuerdo con el dictamen, la Sala se integrará por cinco magistradas o magistrados del Pleno, su presidente será elegido en el mes de enero de cada año, por mayoría de votos de sus miembros, y no podrá ser reelecto para periodos consecutivos. Sus integrantes serán designados por el Consejo y sesionarán previa convocatoria del presidente de la Sala, cuando surjan asuntos de su competencia.