Al encabezar el Foro ‘Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por el crimen organizado’, en el que las y los participantes coincidieron en que se debe crear un tipo penal específico para este delito, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, afirmó que su tipificación “es fundamental y es importante” pues solo la semana pasada se dieron tres casos de niñas y niños arrebatados de los brazos de sus madres, en Nezahualcóyotl, Huehuetoca, y Ecatepec.
Ya sea para desaparecerlos, explotarlos laboralmente, para trata de blancas o reclutamiento del crimen organizado, “todos los días hay niños que desaparecen”, señaló el también presidente de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, quien indicó que la Legislatura debe asumir la parte que le corresponde para enfrentar este tipo de conductas ilícitas.
En su momento, la diputada Isabel Sánchez Holguín (PRI), secretaria de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, pidió considerar la marginalidad como una condición que posibilita el reclutamiento, causada por el abandono del Estado, y que mientras este abandono persista “las infancias y adolescencias seguirán siendo una población rentable para los grupos delictivos, condenando a miles de niños, niñas y adolescentes a una vida de servidumbre, esclavitud, cárcel o muerte”.
La legisladora destacó la importancia de seguir una ruta de trabajo en materia legislativa que inicie por el tipo penal de reclutamiento de menores, además de trabajar en una política de prevención y garantizar un mecanismo de monitoreo y seguimiento a quienes ya vivieron estas circunstancias, para lograr su reinserción social y que retomen su proyecto de vida.
En presencia de las diputadas Mónica Miriam Granillo Velasco, Ingrid Schemelensky Castro (PAN) y María Elida Castelán Mondragón (PRD), Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), quien presentó estudios sobre el Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, afirmó que este reclutamiento es un tema de urgente atención, que enfrenta un desafío en términos de la construcción de un tipo penal para generar un mecanismo que evite la impunidad ante los casos de reclutamiento.
Por su parte, Olga Esquivel Hernández, secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Estado de México, habló de la vulnerabilidad como principal factor para que las y los niños sean reclutados, en tanto que Tania Loredo, integrante de Fundación CEILI, A. C., afirmó que lo que se necesita es que la impunidad ya no sea un factor en los procesos y Raúl Aarón Romero Ortega, consejero de la Judicatura del Estado de México, destacó la importancia de trabajar en la tipificación del delito de reclutamiento de menores.
Raymundo García Hernández, magistrado presidente del Tribunal de Alzada Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y coordinador de la Comisión de Justicia de Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, destacó la falta de oportunidades como uno de los factores principales por el que los menores se involucran en el crimen organizado, así como la normalización de la violencia.
También participaron Elvira Díaz Salgado, coordinadora General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Fredy Hinojosa Contreras, director general del Centro Estatal de Medidas Cautelares del Estado de México, quienes consideraron que la justicia para adolescentes debe contemplar un plan socioeducativo, además de que se deben implementar políticas públicas que atiendan el descuido que enfrentan los menores desde su núcleo familiar.