Las comisiones de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos acordaron analizar de manera conjunta y emitir un sólo dictamen sobre las iniciativas de 20 ayuntamientos que solicitan tarifas de agua diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y Municipios, además de que solicitarán la participación de dependencias del gobierno estatal y organismos operados municipales.
En reunión de trabajo para iniciar el estudio de las propuestas de Lerma, Naucalpan, Tlalnepantla, Jilotepec, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Valle de Bravo, Metepec, Atlacomulco, El Oro, Tecámac, Tepotzotlán, Amecameca, Tultitlán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Zinacantepec, Acolman y Toluca, la diputada Beatriz García Villegas, quien la presidió, se pronunció porque procesos como éste sean abiertos para dar certeza y confianza a la población sobre los cobros y su destino.
Después de explicar que debe superarse la idea de que el cobro de estas tarifas es suficiente para garantizar el servicio, ya que en realidad sólo cubre el costo de la extracción y energía requerida, explicó que durante el año se ha trabajado con la Comisión Técnica del Agua, el Instituto Hacendario y la Comisión del Agua, todas de la entidad, para el seguimiento de compromisos adquiridos y objetivos planeados en las propuestas de tarifas para el ejercicio fiscal 2023, para lo cual se elaboró una herramienta de evaluación.
En estos trabajos, agregó, también se atestiguó cómo los municipios y estas instancias trabajaron en la elaboración de las propuestas que se proponen para 2024, lo que implica que se ajustan a la metodología necesaria, pero, dijo, “deberá proseguir este ejercicio de fiscalización y regulación que mucho ayuda al cumplimiento de compromisos en materia de agua por parte de los organismos locales operadores.”
En el encuentro, la legisladora Lilia Urbina Salazar (PRI) expuso el caso de Tecámac, donde reside, ya que el Organismo Operador local (ODAPAS), plantea un incremento del 4 por ciento con cobros diferenciados para viviendas con locales o accesorias, con giro seco o semi húmedo, en pueblos y colonias, así como a viviendas con giros comerciales en conjunto urbano, lo que afecta a varias zonas habitacionales.