La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local inició el análisis de la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar con prisión a la persona servidora pública de un Centro Penitenciario y de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, que incurra en el delito de abuso de autoridad penitenciaria.
De acuerdo con la iniciativa del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena), cometerá el delito de abuso de autoridad penitenciaria quien, en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho arbitrario o indebido; cuando se violente de palabra o de obra a una persona privada de la libertad, sin causa legítima, y cuando acciones de violencia causen la muerte o lesiones a la persona privada de la libertad.
En el caso de la violencia que cause lesiones se sancionará con penas de tres meses hasta seis años de prisión, en tanto, cuando se cause la muerte las sanciones serán de 10 a 70 años o prisión vitalicia.
Dichas conductas, indica la iniciativa expuesta por el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI), secretario de la comisión, se perseguirán de oficio y sin derecho a fianza, en tanto que la Unidad de Asuntos Internos establecida en la Ley de seguridad del Estado de México dará seguimiento al proceso e impondrá las sanciones que correspondan.
Durante la reunión, el diputado Braulio Álvarez propuso convocar a representantes de las secretarías de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), de la entidad, así como asociaciones civiles y familiares de personas privadas de la libertad, para analizar la propuesta.
Al respecto, el diputado Mario Ariel Juárez insistió en que se solicite la presencia de Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad, el titular del Sistema Penitenciario, familiares de personas privadas de la libertad y del Centro de Derechos Humanos ‘Zeferino Ladrillero’ para contrastar las versiones sobre la realidad en el interior de los centros penitenciarios.
De acuerdo con la iniciativa en la entidad existen 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, en los cuales hay 34 mil 475 personas privadas de la libertad, lo que ocasiona sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos, y en muchos de los casos, abusos de las autoridades penitenciarias.
Señala que las personas recluidas no deben ser sujetos de extorsión al tener que pagar o cubrir cuotas por su permanencia, como 5 pesos por el pase de lista, y de los cobros a los familiares para ingresar alimentos en los días de visita, los cuales van de mil a mil 200 pesos.
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