08 de Diciembre 2022

Requieren atención especializada para personas con discapacidad

• Propone GPPRD considerar violencia institucional reducir el presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres.
• Instancias municipales y estatales atienden a casi 3 millones de personas con discapacidad: Martha Amalia Moya.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local propuso que el gobierno del Estado de México genere a la brevedad, en coordinación con los 125 municipios, la academia y organismos de la sociedad civil, un foro y una mesa de trabajo con la finalidad de garantizar que todas las instancias municipales y estatales cuenten con capacitación para brindar atención de calidad a personas con discapacidad.
Conforme a la propuesta signada por la diputada Martha Amalia Moya Bastón y el diputado Enrique Vargas del Villar, integrante y coordinador del grupo legislativo del PAN, el Estado de México registra casi tres millones de personas con alguna condición de discapacidad, quienes habitan principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Atizapán y Zumpango.
La iniciativa remitida a dictamen de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables se basa en los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de que la igualdad sea una realidad para las personas y grupos vulnerables.
Propone GP PRD ampliar concepto de violencia institucional
El grupo parlamentario del PRD en el Congreso local propuso reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México a fin de que la violencia institucional también sea entendida como la reducción del gasto gubernamental dedicado a proyectos, programas e instituciones enfocadas en prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, sin la debida justificación y sin prever medidas compensatorias.
La propuesta del diputado Omar Ortega Álvarez y las diputadas María Elida Castelán Mondragón y Viridiana Fuentes Cruz, coordinador e integrantes del PRD, puntualiza que la perspectiva de género en los presupuestos públicos requiere destinar recursos encaminados a disminuir y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y debe permanecer a lo largo de todo el ciclo presupuestario. La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.