El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de reformas a la Constitución Política y al Código Penal, ambos de la entidad, para que el personal docente cuente con el derecho a mecanismos de defensa legales contra posibles actos que vulneren su integridad y seguridad física, psíquica y moral, su dignidad o su vida, en su calidad de docentes.
La propuesta, que analizará las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, propone sanciones de seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa el delito de lesiones en contra de personal del sector educativo público o privado, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Asimismo, de tres a seis meses de prisión a quien no preste atención a las amenazas realizadas por personas ajenas al centro educativo, por padres, madres, tutores o cuidadores en primer grado, y por estudiantes en contra del personal docente de apoyo y asistencia a la educación pública y privada.
Plantea agregar al delito de privación de la libertad sanciones de uno a cuatro años de prisión en contra de quien, por medio de la violencia, la coacción, intimidación o amenazas, vulnere o dañe la seguridad y tranquilidad del personal docente, y de ocho a 12 años de prisión a quien obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, cuando este delito se cometa en contra del personal docente.
Personas campesinas, sector prioritario en política social
En sesión deliberante, el Congreso también se recibió la iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social de la entidad con el objetivo de que a las personas campesinas en situación de retiro se les considere como parte de los grupos o sectores que merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.
La propuesta, que se estudiará en la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, destaca que las personas campesinas viven una odisea con restricciones legales de facto en cuanto a su movilidad geográfica, acceso limitado a los servicios sociales (salud, educación o vivienda), acceso insuficiente a la tierra y escasas protecciones laborales, por lo cual es necesario que se beneficien de manera prioritaria con programas sociales.