A fin de combatir delitos que atentan contra la libre actividad comercial en la entidad, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, aprobó por unanimidad reformas para imponer prisión a quien o quienes obliguen a una persona comerciante o unidad económica a imponer o fijar precios por encima del mercado, sean productos, insumos o servicios. La pena será de seis a 10 años de prisión y podrían ser de siete a 15 años si las o los responsables se ostentan como miembros de algún grupo delictivo.
La reforma al Código Penal, remitida al Pleno legislativo para su votación definitiva, también indica que para las o los responsables de estos delitos que formen parte del servicio público, la pena será de 8 a 20 años de prisión, además de se considerarán agravantes si participan una o más personas.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente de la comisión, explicó que en el análisis de la iniciativa impulsada por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, se precisó claramente al sujeto activo del delito para que no exista la posibilidad de criminalizar al comerciante.
Por ello, este tipo de conductas quedarán tipificados como delitos contra el consumo, y su incorporación al Código Penal busca dar elementos a la autoridad para enfrentar este tipo de ilícitos que se propagan en algunas regiones de la entidad y que violentan la libertad de quienes ejercen el comercio para ganarse la vida, así como de las y los consumidores quienes resienten el alza de precios en productos básicos.
De acuerdo con el dictamen, las penas de prisión aplicarán en contra de quien o quienes por medio de la violencia obliguen a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial, así como a quienes obliguen a vender o a distribuir bienes, insumos, mercancías o servicios a personas o empresas determinadas.
En esta reunión, las y los legisladores también acordaron continuar con el análisis de la propuesta de la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena) para imponer sanciones de 3 a 5 años de prisión, así como la suspensión de la licencia por dos años a quien o quienes, conduzcan vehículos del transporte público bajo los influjos del alcohol u otras sustancias tóxicas, provoquen accidentes viales.
En este punto, el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) expuso que ya está tipificado, en tanto que la diputada Juana Bonilla Jaime (MC) pidió verificar si había sido derogado este tipo penal en 2006, en tanto que la representación de la fiscalía solicitó mayor tiempo para analizar la iniciativa.
En la reunión participaron Edna Edith Escalante Ramírez y Verónica Cortés Marroquín, por el Poder Judicial, y Maricela Xicoténcatl Elizaga, Alfonso Silva Sánchez y Rubén Cárdenas Media, de la FGJEM.