Diputadas y diputados locales reconocieron el impacto positivo que significaría para las y los mexiquenses que buscan regularizar sus inmuebles, exentar al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) del pago por inscripción de documentos, cancelaciones o actos relativos que realiza ante el Instituto de la Función Registral (IFREM), así como generar tarifas preferenciales para la expedición de certificados de libertad de gravamen a fin de agilizar la regularización de miles de predios en la entidad.
No obstante, en reunión de trabajo de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas presididas por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), las y los legisladores coincidieron en que este proceso no es sencillo pues se trata de trámites ante dependencias estatales y federales cuyos costos en muchos casos son elevados.
Durante la reunión, la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN), coautora de la propuesta con los diputados Francisco Brian Rojas Cano y Enrique Vargas del Villar, preguntó cuántos son los trámites pendientes de registro en el IFREM, si el Insus puede o no exentar el pago de trámites o aplicar tarifas preferenciales, si es posible exentar las multas, así como los recargos que se generan por la cartografía no actualizada para la inscripción de escrituras, pues los recargos y multas elevan el costo de la regularización.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) advirtió sobre regularizar tierras para usos no habitacionales a bajo costo, señaló que la inscripción cartográfica puede llegar a más de 30 mil pesos y se pronunció por costos menores en los certificados de libertad de gravamen, además de que exentar multas y sanciones derivadas de actos administrativos que realice el Insus permitirá liberar procedimientos administrativos y concluir su inscripción.
Del PRI, el diputado Braulio Álvarez Jasso expuso que en muchos casos no se regularizan terrenos porque al ser ejidales los comisarios se resisten, y apuntó que regularizarlos definitivamente podría implicar reformas constitucionales, mientras que el diputado Mario Santana Carbajal consideró alarmante que 50 por ciento de los predios en el país se encuentren en la irregularidad, y aunque la solución pasa por modificaciones a la Ley Agraria esta reforma local permitirá a los ayuntamientos cobrar impuestos.
Del PAN, el diputado Gerardo Lamas Pombo dijo que la exención o disminución de pagos no será suficiente para que las personas regularicen, en tanto que Román Cortés Lugo solicitó a las dependencias señalar los puntos de la iniciativa que puedan presentar dificultad y la legisladora Trinidad Franco Arpero (PT) se pronunció por reorientarla.
Durante la reunión, Alejandro Hernández Gutiérrez, representante del Insus, expuso que a nivel nacional se calculan siete millones de lotes irregulares y una ocupación irregular anual de 90 mil lotes en promedio, y que en esta entidad persiste el problema por la alta inmigración. Óscar Sánchez García, del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), se mostró de acuerdo con la propuesta porque muchos predios periféricos no pagan impuestos y se dan casos como en Apaxco donde 60 cementeras asentadas en terrenos ejidales no pagan predial.
El director general del IFREM, Christian Gerardo Gasca Droppert, adelantó que la exención de pagos es tema de la Secretaría de Finanzas; Hugo Eric Sánchez Torres, representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra explicó que esta dependencia no exenta pagos, pero en ciertos casos como multas y recargos aplican tarifas menores y Juan Ricardo Torres, del Instituto Mexiquense de la Vivienda se manifestó a favor de coordinarse con otras instancias para que más mexiquenses tengan títulos de propiedad.