El Congreso mexiquense aprobó reformas para regular los operativos mochila segura en la entidad a fin de reforzar la seguridad de manera progresiva en planteles educativos, con mayor participación de autoridades, padres y madres de familia, así como la comunidad escolar.
En sesión deliberante, el diputado Emiliano Aguirre Cruz (Morena), autor de la propuesta, resaltó que no se puede criminalizar a niñas, niños y adolescentes, por lo que las reformas buscan garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, además de contribuir a generar mecanismos que protejan a las próximas generaciones.
De acuerdo con el dictamen, los operativos mochila segura requieren un fundamento legal específico, por lo que se indican medidas proporcionales que deben de considerarse para salvaguardar a los estudiantes al autorizarse acciones tipo “mochila segura” en los planteles educativos de nivel básico, entre otras acciones que coadyuven con la seguridad de niñas, niños y adolescentes en escuelas del territorio estatal.
Las reformas a las leyes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Educación, de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem) y de Seguridad, todas del Estado de México, beneficiará a más de 4 y medio millones de estudiantes.
Para ello, establece que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia o tengan bajo su cuidado, niñas, niños o adolescentes, tendrán derecho a intervenir de manera activa en la educación, así como también en programas, acciones o actividades relacionadas con la seguridad escolar y que impliquen la revisión de mochilas o pertenencias de personas menores que tengan a su cuidado.
Asimismo, que las autoridades estatales facultadas garanticen la seguridad escolar con pleno respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y realicen el seguimiento y evaluación constante de acciones, proyectos y programas en materia de seguridad escolar a efecto de mitigar la comisión de delitos y riesgos de seguridad en las escuelas, para lo cual deberán de identificarse zonas y planteles educativos con vulnerabilidad o susceptibilidad de esta problemática social.
Cabe señalar que la propuesta deriva de diversos casos de violencia entre estudiantes e integrantes de la comunidad educativa recientemente ocurridos en la entidad, y al hecho de que actualmente el programa mochila segura no tiene sustento legal, por lo que puede incurrir en la violación de los derechos básicos de la comunidad académica.