Debido a que solo 10 por ciento de las y los automovilistas en la entidad cuentan con licencia de manejo, en nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado propuso imponer de seis meses a un año de prisión a quien, por sí o por interpósita persona emita, oferte, tramite, gestione, fabrique o altere por cualquier medio, en el territorio estatal, documentos o accesorios para la circulación, vehicular como la licencia de conducir o las placas vehiculares.
En sesión plenaria, el legislador expuso que en la entidad se tiene el registro de más de 8 millones y medio de vehículos motorizados, de los cuales 6.3 millones son automóviles y 700 mil motocicletas, pero hasta enero de este año solo existían 700 mil licencias vigentes, situación que aprovechan particulares sin escrúpulos que ofrecen este documento en menos tiempo, a bajos costos y con una mayor vigencia, mediante la acreditación de información mínima.
Este tipo de documentos resultan, en la mayoría de los casos, en la entrega de documentos falsos, especialmente los relativos a las licencias y permisos para conducir que se ofertan presuntamente del Estado de Guerrero, los cuales se ofrecen por alrededor de 800 pesos con una vigencia de cinco años. Una de estas licencias cuesta la mitad y su vigencia excede en un año a la autorización que se podría obtener en la entidad, explicó.
Estas conductas, agregó el legislador, afectan a la hacienda estatal y facilitan la delincuencia organizada y el fraude, por lo que explicó, las reformas al Código Penal buscan que la sanción abarque la expedición ilegal de calcomanías, permisos provisionales de circulación, permisos provisionales para conducir vehículos automotores, tarjetas de circulación, y en general, cualquier elemento de identificación vehicular; trámite relacionado con el control vehicular y de personas conductoras de la entidad y de otras entidades federativas en territorio estatal.
Se entenderá que son producto de una actividad ilícita o simulada, cuando no sean servicios prestados por y en las instalaciones de las autoridades estatales competentes y por quienes éstas autoricen; asimismo, cuando existan indicios fundados o certeza de que no se realizaron ante la autoridad competente, y representan la comisión de algún delito al no acreditar su legítima procedencia. Fue remitida para su dictamen a las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y de Procuración y Administración de Justicia.