La diputada Silvia Barberena Maldonado (PT) propuso que él o la agente de tránsito estatal o municipal, así como la autoridad competente que solicite la prestación del servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos cubran los gastos cuando su solicitud no cumpla con las facultades o requisitos o vulneren los derechos de la ciudadanía.
La iniciativa de reforma al Código Administrativo estatal precisa que la autoridad contará con un plazo de 15 días para resolver el recurso de inconformidad presentado por las y los usuarios y que en el momento en que un depósito o corralón reciba un vehículo, el reporte de recepción deberá incluir el nombre y cargo de la persona servidora pública que pone el vehículo a disposición, además de la institución a la que está adscrita y el motivo de la retención.
Para la legisladora es justificable esta propuesta porque de acuerdo con versiones de algunos policías estatales y municipales, con frecuencia se generan convenios con las empresas de grúas para repartirse los recursos por sus servicios, lo que constituyen flagrantes actos de corrupción, en un escenario en el que cerca de 95% de las empresas prestadoras del servicio de grúas y corralones no cuentan con concesiones oficiales ni los permisos vigentes. La iniciativa será analizada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Van por fondos para la juventud emprendedora social
Para promover la creatividad y capacidad de emprendimiento de las personas jóvenes de la entidad, la diputada María Elida Castelán Mondragón propuso, en nombre del grupo parlamentario del PRD, que el Ejecutivo estatal, a través del Instituto Mexiquense de la Juventud constituya fideicomisos o fondos para personas físicas con capacidad de ejercicio o jurídico colectivas juveniles, que presenten proyectos de beneficio para la sociedad, con la participación del sector público, social y privado, con la finalidad de promover una cultura de emprendimiento.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Juventud, turnada a la Comisión de Juventud y Deporte, propone que estos fideicomisos o fondos puedan recibir aportaciones a través de transferencias en dinero o en especie de entes públicos y privados, conforme a la normatividad vigente, y que estos donativos, fideicomisos o fondos que gestionen las autoridades estatales, sean deducibles de impuestos.