Promover recursos económicos para la protección de los mantos acuíferos de la entidad, incorporar el concepto de medio ambiente limpio, saludable y sostenible, garantizar la dignidad de los animales y sancionar su maltrato, priorizar la economía formal y la existencia de una política industrial, fueron algunas de propuestas presentadas por la ciudadanía para la reforma constitucional estatal.
En sesión del Parlamento Abierto, en presencia de Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional (Sectec), y conducida por Montserrat Ruiz Páez, las y los ciudadanos propusieron considerar al sector agropecuario como una actividad económica, puntualizar la protección del intelecto de las artesanas indígenas mexiquenses, establecer la competitividad como uno de los objetivos principales en materia económica, incluir el principio de seguridad y resiliencia en el uso de suelo, e integrar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
También se pronunciaron por incorporar el combate a la corrupción en todos los niveles del estado, que los mercados sean considerados patrimonio cultural tangible e intangible, incluir la consulta indígena, garantizar la protección de los derechos de las mujeres indígenas como protectoras de recursos naturales, la lengua y la cultura, establecer proyectos que incluyan a todos los sectores y fortalecer la participación municipal en la economía estatal.
Estas propuestas fueron presentadas por las y los parlamentarios Laura González, Francisco Gómez, José Pablo González, Alejandro Martínez, David Rodríguez, Diana Ayala, Magdalena Carrasco, Eugenia Hernández, Enrique Soteno, Miguel Ángel Reyna, Joaquín Vela, y Lucino Albarrán.
Durante la reunión, Rubén Islas, secretario técnico del Sectec, explicó que en el Título Noveno ‘De la Economía del Estado’, se considera a la economía estatal como uno de los ejes fundamentales para lograr el bienestar de la sociedad, en el que los gobiernos deben poner atención para lograr el bienestar de toda la población.
El Estado de México, destacó, es la segunda economía más importante del país, aporta cerca de 9.1 por ciento del PIB Nacional, y tiene el mercado laboral más grande del país, con casi 8 millones de personas. Por ello se busca un modelo económico integral y sustentable, que desarrolle el bienestar individual y colectivo mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza.
Plantea la creación del Consejo Económico y Social y del Instituto de Información y Estadística de Desarrollo Territorial y Catastral del Estado de México, así como la transformación del Instituto de Administración Pública (IAPEM) en el Instituto de Estudios en Gobierno y Administración Pública.
Respecto al título ‘Medio ambiente, biodiversidad y capital natural’, propone una respuesta integral que eleva a rango constitucional las temáticas ambientales para establecer las bases para el actuar público, la creación de políticas públicas para su eficaz regulación y la corresponsabilidad que todos los sectores sociales debemos tener con el entorno natural.
Para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, plantea como principios rectores son la sustentabilidad y sostenibilidad; la preservación del medio ambiente, la conservación de sus ecosistemas, su biodiversidad y la integridad del patrimonio del Estado, y la prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados y el manejo sustentable de los recursos naturales.
Destaca el derecho al agua para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de este recurso y plantea la creación del Sistema Estatal del Agua, que tiene como objetivo la planeación, el restablecimiento, aprovechamiento, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y manejo del agua.