Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México con la cual se erradica la duplicidad de funciones y competencias entre dependencias sin aumentar el gasto público a fin de contar con una administración pública eficiente, eficaz, transparente, austera, y cercana a la gente, con enfoque social y prioridad para grupos vulnerables sin poner en riesgo derechos laborales.
En sesión del Segundo Periodo Extraordinario del Congreso mexiquense, que presidió la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), las y los diputados coincidieron en que el nuevo ordenamiento que reemplazará a la Ley Orgánica de 1981, promueve, ante el inicio de la nueva administración estatal, un gobierno bajo los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, inclusión, racionalidad, eficiencia, economía y transparencia.
El diputado Valentín González Bautista (Morena), detalló que la administración entrante contará con 18 dependencias con rango de secretarías: General de Gobierno, Seguridad, Finanzas, Salud, del Trabajo, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Bienestar, Desarrollo Urbano e Infraestructura, del Campo, Desarrollo Económico, Cultura y Turismo, Contraloría, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Agua, de las Mujeres, de Movilidad, así como la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor.
Además, la persona titular del Ejecutivo contará con el apoyo de las unidades técnicas y de estructura que determine, entre las cuales estarán la Jefatura de Gabinete y proyectos especiales; la Secretaría Técnica y la Vocería de la Gubernatura, que le auxiliarán con las funciones de apoyo técnico, asesoría, evaluación y coordinación que se requieran en el cumplimiento de sus funciones.
El nuevo ordenamiento, impulsado por los diputados Maurilio Hernández González y Sergio García Sosa y la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre de las bancadas de Morena, PT y PVEM; así como el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, en nombre de legisladores sin partido, garantiza la certeza jurídica de las dependencias, en tanto que las nuevas áreas generarán ahorros que podrán destinarse a áreas prioritarias en atención social, salud, educación y seguridad, entre otras.
Establece la creación de la Secretaría del Agua; la transformación de la actual Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar; la desaparición de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para dar paso a la Consejería Jurídica y a la Oficialía Mayor; amplía las funciones de la Secretaría del Medio Ambiente que ahora será de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y modifica la denominación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, conservando las funciones de obra pública, a excepción de la infraestructura hídrica y educativa que llevarán a cabo las secretarías del ramo.
Modifica la denominación de la Secretaría de Educación que ahora será de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación e incluye en su estructura al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), por lo que también se encargará del Sistema Estatal de Otorgamiento de Becas académicas, deportivas, científicas y tecnológicas.
El nuevo ordenamiento, surgido de un análisis integral, también indica que la Secretaría del Bienestar deberá publicar los padrones de personas beneficiarias de los programas sociales del Gobierno del Estado de México, además de que amplía las funciones de la Secretaría de la Contraloría y fortalece las secretarías de las Mujeres en favor del empoderamiento femenino, así como la de Movilidad, del Campo y de prácticamente todos los aspectos de la administración pública estatal.