El grupo parlamentario del PAN propuso establecer el Seguro de Desempleo como un derecho constitucional para que la persona trabajadora formal acceda a un apoyo si perdió su empleo por situaciones ajenas a sus decisiones, ofrecer incentivos fiscales por contratación de personas desempleadas en periodo de emergencia sanitaria o contingencia económica y garantizar la prestación de servicios médicos a quienes se encuentren sin empleo.
La legisladora Ingrid Schemelensky Castro y el diputado Enrique Vargas del Villar también plantearon que el Seguro de Desempleo garantice un ingreso mínimo mensual de 2.5 veces el valor de la línea de pobreza extrema por ingreso en área urbana establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que disminuiría el uso de ahorro para el retiro, previene una desestabilización del sector financiero y ayudaría a reducir el número de personas en situación de pobreza.
El seguro funcionará como un apoyo económico independiente a los programas de empleo que existen como parte del presupuesto del gobierno federal, se implementará un padrón de beneficiarios y se considerará en el Presupuesto de Egresos la asignación suficiente de recursos que serán fiscalizados por la Legislatura.
También propone fortalecer la reinserción laboral a través de un programa alterno específico para las personas beneficiadas con el seguro; condonar la retención del Impuesto sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y el cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, si el modelo del vehículo es de seis a 10 años de antigüedad en favor de quienes fueron contratados durante emergencia sanitaria o contingencia económica, además de que quienes contraten a éstas personas podrán obtener hasta 15% de descuento en el pago del Impuesto predial y del Impuesto sobre conjuntos urbanos.
La contingencia laboral se derivará de una situación de crisis económica que ocasione la caída en el número de empleos o cuando las autoridades competentes decreten emergencias sanitarias, contingencias económicas o sus respectivos periodos de recuperación.
La propuesta, que analizarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, incluye reformas a la Constitución Política, al Código Financiero, a la Ley del Seguro de Desempleo; a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, todas de carácter estatal.