A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin su voluntad, se le impondrán de 15 a 30 años de prisión y tratamiento de inhibición sexual, conocido como castración química, planteó la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del grupo parlamentario del PVEM, quien afirmó que su propuesta contribuirá a castigar a los delincuentes sexuales e inhibir su deseo sexual.
La iniciativa de reforma al Código Penal estatal también establece que si en la violación participan dos o más personas las penas serán de entre 50 a 70 años de prisión y si es cometida por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, o viceversa, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra, las penas podrían ir de 20 a 45 años de prisión, así como el tratamiento químico y la pérdida de la patria potestad o la tutela.
Además, cuando la violación sea cometida por quien desempeña un empleo, cargo o comisión públicos o ejerza una profesión, utilizando vehículos oficiales, circunstancias o cualquier medio que éstos le proporcionen, las penas serán de entre 22.5 a 45 años, el tratamiento químico y será destituido del cargo o empleo o suspendido hasta 15 años en el ejercicio de su profesión.
También pide penas de 50 a 70 años de prisión si en la violación se causa la muerte de la víctima; de 30 a 50 años o prisión vitalicia y el tratamiento de inhibición sexual si la víctima es menor de 15 años o mayor de 60 años la pena; si la víctima tiene discapacidad de 30 a 50 años y el tratamiento, o si se comete por quienes tengan o hayan tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación aplicarán de 22.5 a 45 años y el tratamiento.
La legisladora dijo que su iniciativa, que analizarán las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, es en razón de que el Estado de México se ubica como una de las entidades con más delitos sexuales, con tres mil 954, en 2019, y porque las sanciones actualmente establecidas, como la pena privativa de la libertad y pecuniaria, así como sus agravantes, no se han reflejado en la disminución del delito.