Garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género se ha vuelto fundamental en un país donde son asesinadas alrededor de 10 a 11 mujeres cada día y la impunidad en torno a esta violencia alcanza niveles superiores al 98%, pues solo 1.5% de las denuncias llegan ante un juzgado, señaló la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género.
Al encabezar la conferencia ´´Hacia la Justicia en México por el derecho a la Verdad´´, con la participación de la diputada Juana Bonilla Jaime (MC) y el legislador Gerardo Ulloa Pérez (morena), Paola Jiménez expuso que el derecho a la verdad en estos casos es la respuesta ante la falta de su esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción por parte de la autoridad.
Añadió que se debe asegurar que las instancias gubernamentales hagan su trabajo desde la sensibilización, profesionalización y compromiso, y que permita a las y los legisladores sentar las bases para asegurar que las niñas y mujeres, niños y hombres, se desarrollan en un entorno seguro y pacífico en el que se priorice la igualdad de género y la seguridad de las y los jóvenes.
En su oportunidad, la diputada Juana Bonilla, ante las panelistas Irinea Buendía y Norma Andrade, activistas contra la violencia de género y la impunidad, señaló que esta violencia es estructural y admitió la necesidad de crear una Ley de protección a menores que han perdido a sus madres por feminicidio así como de educar en civismo y perspectiva de género desde el nivel prescolar, mientras que el legislador Gerardo Ulloa pidió a la sociedad seguir exigiendo a la autoridad terminar con este flagelo, además de llamar a solidarizarse con los movimientos sociales que buscan justicia.
Por su parte, la señora Irinea Buendía expuso el caso de su hija Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 julio 2010 por su esposo, y aunque él dijo que ella se había quitado la vida, tras cinco años de lucha se consiguió que fuera apresado como su victimario.
Agregó que pudo llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo de 2015 emitió sentencia en la que mandató a las autoridades investigar la muerte violenta con perspectiva de género para establecer que ocurrió por razones de género, y reparar el año causado por las instituciones.
Cuestionó a las y los legisladores que no se haga lo suficiente para detener esta violencia y reprochó que con la remodelación de la Plaza de los Mártires de Toluca se vayan a quitar los memoriales dedicados a las mujeres mexiquenses desaparecidas y asesinadas.
Participó también Norma Andrade, fundadora de la organización no gubernamental Nuestras hijas de regreso a casa, colectivo de madres de desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya hija Lilia Alejandra desapareció en 2001 y fue hallada con visibles señales de violencia.
Pidió a las y los legisladores atender realmente los casos de menores víctimas de esta violencia desde la Comisión legislativa correspondiente, y que se legisle para educar en civismo y perspectiva de género desde el nivel prescolar.
Alejandra López Martínez, de la Red Nacional de Politólogas Feministas, planteó que el derecho a la verdad sirve para visibilizar a las mujeres reales que han sido asesinadas y tenían una historia, así como para eliminar mitos alrededor de esta violencia, como que han sido asesinadas por llevar vidas inapropiadas.