La Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez y Miguel Alejandro López Olvera, especialista en derecho administrativo, coincidieron en la necesidad de impulsar la capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos enfocados en tareas de fiscalización a fin de fomentar la transparencia en los procesos de contratación pública, que se han convertido en caldo de cultivo para la corrupción.

La titular del OSFEM destacó la urgencia de tener un servicio público especializado en contratación pública que contribuya a mejorar las condiciones de la entidad mexiquense. “Es la oportunidad que tenemos y deberíamos aplicar los instrumentos internacionales; el Poder Legislativo debería poner el ejemplo y ser referente de todas las entidades fiscalizables. La capacitación es uno de los elementos a explotar y es un área de oportunidad y por eso, vamos a insistir en ello”.

López Olvera, investigador de tiempo completo en la UNAM, impartió una conferencia a personas servidoras públicas sobre la realidad de la contratación de la obra pública, en la que propuso la creación de un Código Nacional de Contratación de Obra Pública que permita homologar criterios, procedimientos y etapas en los tres niveles de gobierno y, con ello, incorporar mecanismos que derivan de tratados internacionales; además de crear los Tribunales Autónomos en Contratación Pública o las Salas Especializadas dentro de los Tribunales de Justicia Administrativa.

Mencionó la urgencia de modificar el marco normativo ya que la contratación pública está ligada no solo al manejo y disposición de recursos, sino al derecho humano a una buena administración porque ésta impacta en los procesos adquisitivos.

Manifestó que hoy en día se deben considerar las buenas prácticas internacionales derivadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Comités de Derechos Humanos, así como los Tratados de Libre Comercio, además de las implicaciones que tiene el derecho económico porque va interrelacionado con documentos internacionales ya aprobados y vigentes.

Explicó que actualmente hay 33 leyes de adquisiciones en el país y cifra similar en leyes de obras públicas; es decir, cada una tiene sus reglas de operación, aspectos que significa una dispersión y gasto para las empresas ya que deben contratar personal de abogacía para estudiar cada una de ellas, dependiendo de dónde van a participar. En el caso de la inversión extranjera, poco ayuda a otorgar certeza jurídica.

López Olvera detalló además que la contratación pública debe estar vinculada a varios aspectos como el derecho humano a la profesionalización de las y los servidores públicos; la independencia e imparcialidad; usar activamente las nuevas tecnologías de la información para potenciar las decisiones en la contratación de empresas que no estén vinculadas con presuntos actos de corrupción y, al mismo tiempo, diseñar plataformas que sean alimentadas con datos actuales y saber con quién se están contratando productos servicios y obras, así como lo hacen ya Chile, Uruguay, Brasil y España.

Aunque México tiene la plataforma de Compranet, ésta se ha rezagado y convertido en solo una base de datos, además de que no hay una vinculación entre algunos órganos autónomos y el resto de entidades del país.

El investigador universitario destacó también que México debe adecuar varios criterios en la rama de la contratación pública a raíz de los nuevos criterios del TMEC, incorporando, por ejemplo, lo relativo a las Listas de Uso Múltiple y el Aviso de Contratación Previa a fin de abatir la desarticulación que persiste.