El grupo parlamentario de Morena propuso reformas a la Constitución Política estatal para establecer la suspensión de los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público a quienes tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos contra la familia y delitos de violencia de género.
La sanción aplicaría también en contra de las y los responsable de ilícitos contra la libertad sexual, contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, y contra el pleno desarrollo y la dignidad de la persona, así como a quienes sean declarados como persona deudora alimentaria morosa.
Al reconocer la necesidad de incrementar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, las diputadas Azucena Cisneros Coss, Anais Miriam Burgos Hernández y Luz Ma Hernández Bermúdez, así como los diputados Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala y el legislador Raúl Ponce Elizalde, plantearon establecer la suspensión de derechos y prerrogativas de ciudadanas y ciudadanos ante este tipo de hechos.
De acuerdo con el documento expuesto por el legislador Raúl Ponce en sesión plenaria, se busca evitar que las personas que se encuentren en los supuestos sean registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular o nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal o municipal, con lo cual la Legislatura homologará el marco normativo estatal con la Carta Magna que ya incluye la denominada ‘ley 3 de 3’.
La propuesta, que analizará la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, enfatiza en que el grupo parlamentario de Morena está totalmente en contra de todo tipo de violencia, sobre todo, la de género, por lo cual cumple con el compromiso adquirido con la sociedad mexiquense, una sociedad azotada por la violencia que no merece estar mal representada ante los máximos organismos de decisión.
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