Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó reformas para ajustar el sistema de responsabilidades de las y los servidores públicos del Poder Judicial con los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con pleno respeto a sus derechos humanos y otorgando a la autoridad los medios necesarios para el cumplimiento de la ley.
Con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, impulsadas por la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, se establece la noción de la persona servidora pública del Poder Judicial y su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
Incluyen la premisa de que las sanciones administrativas para las y los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y la vulneración de dichos principios ameritarán procedimientos de responsabilidad administrativa.
Las faltas administrativas serán sancionadas con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como con sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
Cuando dichos actos u omisiones sean graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años y favorece que las normas de acceso y permanencia en el Poder Judicial no sean discriminatorias ni contravengan el principio de reinserción social, entre otras.
Las reformas atienden cada uno de los temas señalados en la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al derecho a la igualdad, no discriminación, de acceso a un cargo público, a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, así como al principio de legalidad.
*Armonizan 62 ordenamientos estatales con recientes reformas constitucionales*
El Congreso mexiquense aprobó reformas a 62 ordenamientos estatales para armonizarlos con recientes reformas constitucionales y la expedición de adecuaciones a Leyes Nacionales y Generales, además de la abrogación expresa de distintas disposiciones en atención a las facultades y atribuciones de las entidades federativas.
Con la aprobación de estas modificaciones también se realiza un saneamiento legislativo conforme a criterios jurisdiccionales emitidos por la SCJN que abarcan la supresión total de la vigencia del orden jurídico de ejecución de penas, extinción de dominio, justicia para adolescentes y el uso de la fuerza pública, la inclusión de interculturalidad en los planes de desarrollo, fortalece las medidas de atención al acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres en escuelas y comunidades, para prevenir y sancionar la tortura, y sobre la igualdad en el indulto a hombres y mujeres presas, entre otras.
Como parte de esta armonización, también se avalaron reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México a fin de homologarla con criterios emitidos por la Suprema Corte de conformidad con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 88/2018