La bancada ecologista en el Congreso mexiquense propuso sanciones de 3 y hasta 10 años de prisión en contra de quien, una vez concluido el plazo por el que se le otorgó concesión, permiso o autorización para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público, no lo devuelva a la autoridad competente dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que se le haya formulado.
La iniciativa, recibida en sesión de la Diputación Permanente, presidida por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, quien formula la iniciativa con la legisladora Claudia Desiree Morales Robledo, plantea incrementar la penalidad para quienes no devuelvan la concesión, pues este hecho podría representar daño patrimonial al Estado o dejar con servicios deficientes a la población por ser imputables a quien se le otorgó la citada concesión.
De acuerdo con la iniciativa, expuesta por la legisladora Miriam Escalona Piña (PAN), el Código Administrativo de la entidad establece las causas porque debe de extinguirse la concesión, entre estas, el vencimiento del plazo para el que se otorgó el título de la concesión, renuncia del titular, revocación entre otras causas que determina cada reglamento de la materia a concesionar.
Se busca también evitar que el asunto se entile ante Tribunales cuando se busque no entregar los títulos de concesión para que el Estado pueda disponer de los bienes. La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.