La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local sienta las bases de lo que deberá ser una profunda reforma educativa en el Estado de México, con la participación social y del magisterio como la voz del pueblo que demanda transformación en un proceso histórico, democrático y de consenso en el que se escucharán todas las voces, afirmaron los diputados morenistas Abraham Saroné Campos y Faustino de la Cruz Pérez.
Al encabezar el ‘Foro Estatal de Consulta para la Armonización de la Ley de Educación del Estado de México’ correspondiente al Valle de Toluca, en presencia de la diputada Trinidad Franco Arpero (PT) y cientos de ponentes y asistentes presenciales y virtuales, el diputado Abraham Saroné, presidente de la Comisión de Educación, destacó que se trata de un proyecto histórico que traerá transformaciones sustantivas para la sociedad, el magisterio, las y los estudiantes.
Afirmó que todas las voces serán escuchadas para generar una reglamentación justa, incluyente, equitativa y progresista al servicio de las comunidades sociales y de la comunidad escolar más grande del país representada por 253 mil 736 maestras y maestros que en el ciclo escolar 2021-2022 atendieron 24 mil 700 servicios educativos para 4 millones 415 mil 260 estudiantes.
En presencia de Gabriela Ibarra Hernández, representante del secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, y de Rocío Sánchez Molina, visitadora de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), reconoció el interés de maestras, maestros, padres y madres de familia representantes gremiales y de la sociedad civil en esta reforma.
El diputado Faustino de la Cruz destacó el compromiso de las y los legisladores con la reforma educativa y con las necesidades del magisterio, a quien llamó a ser la voz del pueblo, la voz que demanda transformación a fin de que ya no imperen las amenazas o componendas que se han presentado en un régimen corrupto, poco transparente y que ha descuidado la educación de la niñez y de la juventud mexiquense.
Al iniciar las mesas de trabajo, la diputada Trinidad Franco manifestó su compromiso para impulsar reformas a la Constitución Política estatal para garantizar la entrega de estímulos y recompensas, que representan 60 por ciento del salario docente, así como para aligerar la carga administrativa y respetar los tiempos personales de las y los maestros.
Correspondió a Gabriela Ibarra declarar la apertura de las tres mesas de trabajo durante las cuales se recibieron propuestas para aligerar las cargas administrativas de las y los docentes, respetar sus preferencias personales y políticas, así como el tiempo personal; salarios dignos, promoción horizontal y vertical, capacitación en tecnologías de la información, evaluaciones, mecanismos para prevenir el acoso laboral y educación socioemocional para prevenir violencia, embarazos, abortos, alcoholismo, drogadicción y uso excesivo de redes sociales entre el estudiantado.
Asimismo, plantearon redefinir el término de cultura de la paz a cultura para vivir en paz, considerarla un eje para preservar el interés superior de la infancia y la salvaguarda de la comunidad escolar, garantizar recursos para la infraestructura, la conectividad digital, plataformas tecnológicas, uso de la neurociencia, garantizar la inclusión de personas con discapacidad o dislexia, migrantes e indígenas, capacitación a docentes sobre lenguas indígenas, de señas mexicana y braille, además de propiciar el crecimiento de matrículas en escuelas normales, entre una amplia variedad de propuestas.
Previo a la clausura de los trabajos por parte de Rocío Sánchez, representante de la Codhem, el diputado Saroné Campos pidió dar a conocer la realidad de las escuelas para revocar la mal llamada reforma educativa. Destacó el hecho de que ocho integrantes de la Comisión de Educación sean maestras y maestros y resaltó el nuevo esquema de la participación ciudadana a través de los parlamentos abiertos para incidir en las decisiones de gran calado en las cámaras federales y estatales, como la nueva Ley de Educación de la entidad, que, con la colaboración de los tres poderes públicos, buscará la revalorización docente mediante salario, vivienda digna y reconocimiento social.