La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso mexiquense, presidida por la diputada Zaira Cedillo Silva (morena), aprobó un proyecto de iniciativa respecto a la despenalización del aborto en el Estado de México, el cual será turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), para que considere su presentación en la sesión deliberante del 25 de noviembre.

En reunión de trabajo, la legisladora Zaira Cedillo informó que la propuesta para reformar el Código Penal estatal es autoría de la Comisión, y detalló que actualmente hay cinco iniciativas sobre la despenalización del aborto en la entidad: dos de morena, una de MC y una del PRD, las cuales fueron ingresadas en la LXI Legislatura mexiquense; además de que en la actual legislatura la asociación Marea Verde Estado de México presentó una propuesta y la legisladora Paola Jiménez Hernández presentará otra más.

Al compartir que anualmente cuatro mil mexiquenses acuden a la Ciudad de México para realizar este procedimiento, la diputada reconoció que en la Casa del Pueblo se origine su discusión y se coincida en la importancia de la prevención del embarazo, pero resaltó que “no se busca ser omiso ante la realidad de las mujeres y no hay que retrasar más un debate agotado”, por lo que pidió no criminalizar a las mujeres por su derecho a decidir.

La iniciativa establece penas de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente practique la interrupción del embarazo después de las 12 semanas completas de gestación; y la que consintiere que otra persona lo hiciere o practique, con su consentimiento.

Además, cinco a 10 años de prisión, y de 50 a 400 días de multa, a quien comenta la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin consentimiento de la mujer; y hasta 15 años de prisión, si quien cometa el delito emplea violencia física, psicológica y obstétrica, o negligencia en los cuidados ginecológicos gineco-obstétricos.

En caso de personal médico, enfermería o partería, se suspenderá de tres a seis años su ejercicio en la profesión. Y, en el caso de reincidencia, será por 20 años la suspensión.

La iniciativa entiende por embarazo a la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, así como a la persona gestante a cualquier persona con aparato reproductor femenino y con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia u orientación sexual.

No se considerará delito, aún cuando se realice después de las 12 semanas la interrupción del embarazo, cuando: sea resultado de una acción culposa de las mujeres; el embarazo sea resultado de una violación, implantación no consentida de óvulo fecundado o inseminado artificialmente, independientemente de si exista o no denuncia; la mujer corra peligro de muerte o su salud se vea afectada a juicio médico, si no se realiza el procedimiento.

De igual manera, cuando existe la prueba suficiente, de acuerdo con las o los médicos, para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que deriven en trastornos físicos o mentales graves; se demuestre que la mujer embarazada haya sido ocultada o privada de su libertad por quien tiene una relación sentimental o de confianza con ella; y cuando exista un trastorno ginecológico que haya impedido a la mujer tener conocimiento de su embarazo.

Debaten congresistas sobre la iniciativa

Por morena, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza exhortó a que se haga un esfuerzo para que la ILE avance en los mejores términos y saldar la deuda histórica con las mujeres, incluso con la figura parlamentaria de urgente y obvia resolución; reconoció la iniciativa propuesta porque es transversal e intersectorial, y aseguró que en sus artículos transitorios se podrían realizar los ajustes pertinentes.

La parlamentaria Jennifer Nathalie González López recalcó que el objetivo sería garantizar la atención oportuna de las mujeres, más allá de los procedimientos, egos y formas, por ello calificó de imperante y urgente la aprobación de la ILE que se debe presentar en el pleno en carácter de urgente y obvia resolución. Además, indicó que, en el 95 por ciento de los casos, en las interrupciones de embarazo, antes de las 12 semanas de gestación, no se necesita acudir a un sistema hospitalario.

Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández refirió que es un tema que no se trata de egos políticos ni colores partidistas, por lo que exhortó a saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres, y garantizar su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Del PVEM, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina enfatizó que se debe avanzar en el Estado de México con la despenalización del aborto, pidió abstenerse de protagonismos y tintes partidistas por el bien de las mujeres, con quien la entidad tiene una deuda histórica. Asimismo, solicitó que se refuercen adecuaciones en temas de salud, prevención y acompañamiento.

Por el PT, las parlamentarias Sara Alicia Ramírez de la O y Sofía Martínez Molina respaldaron la iniciativa presentada, exhortaron a no caer en distractores ante un tema que se ha pospuesto durante mucho tiempo. Aseguraron que, cuando hay congruencia, convicción y voluntad política, se pueden solventar los obstáculos. Además, pidieron no violentar la voluntad de miles de mujeres sobre su decisión para elegir lo que quieren hacer con sus cuerpos.

Aunque cuestionó el proceso legislativo de la propuesta, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón recalcó que es una oportunidad histórica para garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, y pidió incluir en el análisis las iniciativas de la asociación Marea Verde y de la bancada petista.

De la bancada panista, el parlamentario Pablo Fernández de Cevallos González compartió que en la Jucopo se había acordado que cada grupo parlamentario presentaría una iniciativa al respecto y lamentó que no se cumpla con la normativa legislativa, ni se escuche a todas las voces. Enfatizó que están en contra de la criminalización de las mujeres, pero que están a favor de la defensa de la vida desde la concepción, hasta la muerte natural.

El legislador Roberto Anuar Azar Figueroa recalcó que la postura panista es no criminalizar a las mujeres bajo ninguna circunstancia; compartió que hay estudios que refieren que antes de las 12 semanas de gestación el feto siente y sufre la práctica de un aborto; que no hay mujeres purgando penas por este delito; cuestionó si ya se consideraron los 10 mil millones de pesos para ofrecer el servicio gratuito; y adelantó que presentarán iniciativas que promuevan el acompañamiento real a las mujeres embarazadas.

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres solicitó incluir en el análisis las cinco iniciativas presentadas por la bancada panista para ampliar el debate con argumentos y razonamientos biológicos en materia de salud y políticas públicas; reprochó que con la iniciativa se promueva la liberación de violentadores de mujeres que las obligaron a abortar; criticó que el Estado no proteja y garantice la vida de las mujeres embarazadas; y afirmó que el aborto es una forma de violencia.

Tras criticar que no se respetó el proceso legislativo, las legisladoras Emma Laura Álvarez Villavicencio, Krishna Karina Romero Velázquez y Rocío Alexia Dávila Sánchez solicitaron también responsabilizar a los hombres en este tema y abordar el aborto desde una perspectiva integral, porque se trata de una situación compleja y ligada a problemas estructurales de condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres. Asimismo, recalcaron que la ILE no resuelve la situación de fondo ni las deudas gubernamentales en materia de educación y salud.

La legisladora Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, reconoció que se debata sobre lo que se ha callado en mucho tiempo, pero reprochó los distractores impulsados de varias bancadas parlamentarias, como cuestionamientos sobre el proceso legislativo y el respaldo al parlamento abierto, pues afirmó que se debe privilegiar la causa: que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, para no posponer más el tema y analizar su situación presupuestal.

Al enfatizar que es una deuda histórica del Estado de México y del Congreso mexiquense, el legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, se manifestó a favor de la aprobación de la ILE, despenalizarlo y brindar gratuidad en instituciones de salud; llamó a corregir el procedimiento legislativo de la iniciativa y a garantizarla presupuestalmente, así como a generar una propuesta integral.

La diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) recordó que su bancada es pionera en la defensa en este tipo de derechos y se expresó a favor de la ILE, aunque cuestionó el procedimiento legislativo de la iniciativa, pues afirmó que otras bancadas parlamentarias también tienen sus propuestas. Además, solicitó que la voluntad se refleje presupuestalmente.

La parlamentaria independiente, Paola Jiménez Hernández, indicó que la discusión central es dignificar la vida de las mujeres; criticó que es un tema sobrediscutido, pues en la Ciudad de México se legisló hace casi 18 años y en más de la mitad del país se ha aprobado la ILE. Aseguró que se trata de una deuda histórica, particularmente con los sectores más vulnerables, porque quienes se someten a un aborto clandestino principalmente son campesinas, trabajadoras del hogar y comerciantes informales.