Las bancadas de Morena, PRI y PAN en el Congreso local, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), consideraron viable la iniciativa de sancionar con penas de dos a seis años de prisión a quien, sin causa justificada, impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de las y los usuarios, así como de hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
En reunión de trabajo, diputadas y diputados de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos, presididas por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), acordaron entregar antes del 5 de mayo las observaciones a la propuesta de reformas al Código Penal estatal, presentada por las legisladoras Elba Aldana Duarte, Azucena Cisneros Coss y Luz Ma. Hernández Bermúdez, así como por los legisladores Daniel Andrés Sibaja González y Faustino de la Cruz Pérez, todos de Morena.
Al exponer la propuesta, el legislador Daniel Sibaja puntualizó que esta iniciativa surgió a partir de que en Ecatepec se han detectado cinco tomas clandestinas de robo industrial, por lo que es necesario el punto de vista de la FGJEM para conocer en qué casos podrían aplicar dichas sanciones, con pleno respeto a la presunción de inocencia.
El diputado Faustino de la Cruz señaló que el huachicoleo del agua está a cargo de una organización delictiva que ya puso en situación de emergencia a Ecatepec y próximamente lo hará con otros municipios y Max Agustín Correa Hernández (Morena) planteó que se incluyan sanciones a las autoridades involucradas por acción u omisión.
Los legisladores Gerardo Lamas Pombo y Francisco Javier Santos Arreola, del PAN, propusieron sanciones menores para el robo para uso doméstico y la creación de padrones de surtidores de agua en pipa, así como la revisión del funcionamiento de plantas tratadoras de agua y revisión de tomas de suministro para diferentes establecimientos.
Del PRI, el diputado Mario Santana Carbajal y la legisladora Josefina Aguilar Sánchez añadieron que es necesaria una revisión de los comités autónomos de agua por las tarifas sin regulación que manejan, así como de las purificadoras y sistemas de riego.
En su intervención, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, fiscal central jurídico de la FGJEM, reconoció que la iniciativa abona al combate de la sustracción ilegal del agua y que el Estado sí tiene facultades para atender la situación porque lo respalda la Ley de Aguas del Estado de México y Municipios y el suministro usa la infraestructura estatal.